En los últimos dos meses las autoridades de El Salvador han puesto en libertad a 456 personas que habían sido detenidas provisionalmente por pertenecer presuntamente a bandas criminales, en el marco del estado de excepción aprobado por la Asamblea Nacional salvadoreña con el que el presidente del país, Nayib Bukele, pretende combatir a las pandillas.

Así lo ha informado este jueves el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, que ha detallado que muchas de las personas han sido liberadas después de que tuviese lugar su primer juicio ya que «no estaban vinculados a pandillas», según ha informado en una entrevista a Canal 10 recogido por ‘La Prensa Gráfica’.

Delgado ha asegurado que todas las capturas realizadas por las autoridades del país son planificadas, si bien, «en múltiples ocasiones» se habrían producido detenciones «bajo engaños, sin fundamentos y órdenes de captura».

«Este es el resultado de cada una de esas acciones, cada una de esas acciones formaba parte o era una pieza del rompecabezas que estamos tratando de construir para generar mejores condiciones de seguridad para los salvadoreños», ha expresado el fiscal general salvadoreño al respecto.

El Parlamento salvadoreño aprobó el 27 de marzo la entrada en vigor del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que un día antes dejó más de 60 muertos. Los crímenes han ido en ascenso desde principios de año y el presidente de El Salvador ha prometido atajarla de raíz.

De esta forma, el Gobierno salvadoreño queda capacitado durante este período para suspender ciertas libertades y garantías como la presunción de inocencia, tal y como denunció la ONU el pasado mes de mayo para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

La Policía Nacional Civil ha confirmado este jueves que desde la aprobación del estado de excepción en marzo ya han sido detenidos casi 42.000 presuntos pandilleros.

Del total de detenidos, cerca de ocho mil estarían aun esperando la realización de la primera audiencia, mientras que más de 33.000 continuarán detenidas bajo el estado de excepción por un periodo de hasta seis meses, extendible por otros seis meses más para completar un año en el proceso de investigación, según ha detallado Delgado.