El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este viernes 17 de junio a la sede de la Fiscalía de la Nación para ser interrogado, como parte de la investigación preliminar de un presunto caso de corrupción en su Gobierno.
El caso está relacionado con el supuesto cobro de dinero por obras adjudicadas de forma irregular a algunos empresarios, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Tras superar dos intentos de destitución en el Congreso, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se enfrenta ahora a la Justicia ordinaria.
El mandatario acudió este viernes 17 de junio a un interrogatorio ante la oficina del fiscal general, Pablo Sánchez, ya que es investigado por un supuesto caso de corrupción que habría ocurrido en los solo diez meses que lleva su Gobierno.
“A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”, señaló Castillo a través de su cuenta de Twitter antes de dirigirse caminando hacia la sede del ente acusador, ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.
Castillo, que se ha convertido en el primer jefe de Estado en funciones que es indagado por la Fiscalía, fue escoltado por un numeroso contingente policial, mientras algunos ciudadanos lo saludaban y otros le gritaban “delincuente”.
La investigación contra Castillo
Según las hipótesis, el presidente peruano habría liderado una red delictiva que recibió coimas a cambio de adjudicar obras a algunos empresarios que colaboraron con la campaña que lo llevó a la Presidencia.
Las acciones se habrían llevado a cabo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y entre los proyectos cuestionados se destaca la millonaria licitación del Puente Tarata III.
Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
El caso está a cargo del fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
En las últimas semanas, fueron publicados algunos audios que supuestamente señalarían la participación del mandatario en esos hechos. Sin embargo, uno de sus abogados, Eduardo Pachas, sostuvo que en realidad no existen pruebas que vinculen al gobernante.
“En los audios no sale la voz del presidente. El que más habla es Zamir (Villaverde) y hace un monólogo con él mismo. No hay mayor vinculación”, afirmó en referencia al empresario que cumple prisión preventiva y se le investiga por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III.
Por los presuntos delitos también fue llamado a declarar su exministro de Transportes, Juan Silva. La cartera que lideraba es la que maneja el mayor presupuesto del gabinete, con 3,344 millones de dólares para el año 2022.
El escándalo estalló tras las declaraciones de colaboradores como Karelim López, un empresario que dijo que decidió hablar por temor a represalias contra su vida y quien además acusa al mandatario de manipular las elecciones en las que salió elegido en 2021.