El gobierno de Cabo Verde declaró este lunes una situación de emergencia social y económica en el archipiélago, que padece las consecuencias de la guerra de Ucrania, tras haber sufrido las del COVID-19 y la sequía.
La inflación alcanzó el 8 %, según datos del pasado mayo, mientras que en la misma época de 2021 era del 1.9 %.
Con la pérdida del poder adquisitivo, un 9 % de los habitantes de Cabo Verde padecen inseguridad alimentaria, mientras que, en 2020, en plena pandemia, solo un 2 % de la población estaba afectada por este problema, declaró el primer ministro, Ulisses Correia e Silva, durante una rueda de prensa en Praia.
Declarando una situación de emergencia social y económica, el gobierno espera obtener más apoyo de la comunidad internacional para poder seguir financiando las medidas de protección de las familias y de las empresas ya adoptadas, explicó.
«Hemos adoptado varias medidas desde el pasado marzo para estabilizar los precios de los productos alimentarios y petroleros y para ayudar a las familias más vulnerables y el coste total de esas medidas es de 9 mil millones de escudos (81.6 millones de euros, 85.8 millones de dólares) hasta finales de 2022», dijo.
Así, Cabo Verde inicia «una fuerte ofensiva diplomática con nuestros socios para movilizar más recursos», declaró, incitando a los ciudadanos a ahorrar.
Antes de la pandemia, un 25 % del PIB del país procedía de los ingresos del turismo, por lo que el país se vio fuertemente azotado por el impacto económico del COVID-19.
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