El mandatario de Perú, Pedro Castillo, responderá a la comisión de Fiscalización del Congreso, que abrió una investigación por sus reuniones con los imputados en una presunta organización criminal, el próximo 27 de junio, según una solicitud presentada este lunes por su despacho presidencial.

El secretario general del despacho presidencial, Jorge Alva, envió una carta al presidente de la comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, en la que solicitó que el interrogatorio al mandatario se realice a partir del 27 de junio, por «temas de agenda», y no el martes 21, como se programó originalmente.

En tal sentido, la comisión parlamentaria informó, a través de su cuenta en Twitter, que acogía el pedido de Castillo y que «se reprograma la toma de su declaración para el lunes 27 de junio».

En la solicitud, Alva recordaba que la comisión de Fiscalización «no tiene competencia para investigar al presidente» por presuntos delitos comunes durante su mandato porque cuenta con la inmunidad prevista en la Constitución, a excepción de los delitos de traición a la patria o el impedir las elecciones generales.

Sin embargo, «en aras de la colaboración recíproca» entre los poderes del Estado, el presidente peruano manifestó «su total disposición de recibir a la comisión» que preside Ventura en el despacho presidencial, a partir del 27 de junio.

La investigación del Legislativo se desprende del caso abierto en la Fiscalía de la Nación contra Castillo por el supuesto delito de organización criminal, bajo la hipótesis de que lideraba una mafia al interior del Ministerio de Transportes para adjudicar los contratos públicos a diversos empresarios con el fin de obtener beneficios ilegales.

«Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», a los que juró defender al asumir el cargo, para «cometer delitos de corrupción», declaró el fiscal Samuel Rojas en una audiencia de la semana pasada para responder a un recurso de tutela de derechos presentada por la defensa de Castillo.

En esa investigación también están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.

Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes admitieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones con los funcionarios imputados.

El fiscal Rojas informó además que existen audios que revelaron que Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral.

La resolución sobre la tutela de derechos presentada por el abogado de Castillo, Benji Espinoza, está pendiente de emitirse y, en caso de ser favorable al mandatario, éste podría quedar excluido de la investigación penal.