El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana se sumó este miércoles a los sectores del país que rechazan el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, al considerar que la iniciativa “es un atentado contra la democracia” y que busca «proteger a los funcionarios públicos y legisladores».

El proyecto, conocido como ley «mordaza», ya fue aprobado en el Senado de la República y está pendiente de ser sancionado en la Cámara de Diputados. Desde ya algunos diputados han indicado que no votarán a favor de la pieza.

Participación Ciudadana alega también que ese proyecto es “una amenaza a la libertad de expresión e información”.

“Esta pieza legislativa trata de proteger a los funcionarios públicos, políticos y legisladores en momentos en que lo que se necesita es más transparencia, mayor rendición de cuentas y empoderamiento de la ciudadanía y la prensa en cuanto a su derecho a monitorear las actuaciones de los gobernantes”, señaló la institución en un una  nota de prensa. 

Este proyecto, de ser convertido en ley, agregó PC, que lesionaría la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, privilegiando a aquellos que tienen funciones públicas.

«El interés público, por el contrario, debe predominar sobre lo privado, cuando entraña claridad en la búsqueda de la verdad, de la información y de la noticia», planteó.

Agregó que de aprobarse este proyecto de ley, los medios de comunicación tendrían que solicitar consentimiento cada vez que vayan a utilizar sus archivos de imágenes de personas públicas. La investigación periodística, que tanto ha contribuido al descubrimiento y exposición de actos de corrupción y actividades ilícitas, se vería seriamente amenazada por este intento de mordaza.

La democracia dominicana, ha sido calificada como defectuosa, según el más reciente Informe de Riesgo Político América Latina 2022, del Centro de Estudios Internacionales. Estudios como Latinobarómetro establecen que República Dominicana adolece de debilidad institucional, y   falta de confianza en los actores políticos, sobre todo, en los congresistas, refiere el documento.

Participación Ciudadana indica que en el país hay suficientes legislaciones  para proteger el legítimo derecho a la dignidad, honra y la intimidad.

«La Constitución, en su Artículo 38, reza: Dignidad humana “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. De igual manera el art. 44 hace referencia al “Derecho a la intimidad y el honor personal y establece que: Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen”.

Otras leyes

El Código Penal contempla sanciones y la Ley 61-32 tipifica la difamación y la injuria con sanciones claramente determinadas. Adicionalmente, la Ley 192-19, establece la necesidad de protección de la imagen, el honor y la intimidad familiar vinculados a personas fallecidas o accidentadas. 

La Constitución ampara a los ciudadanos y ciudadanas, en su Artículo 22:  Derechos de Ciudadanos, en el numeral 5, que dice “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”; y, el Artículo 75, acerca de los Deberes Fundamentales, numeral 12, convoca a “Velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

Participación Ciudadana expresó que, defiende el derecho a la dignidad y el buen nombre de todo ciudadano o ciudadana, incluyendo a los legisladores, políticos y funcionarios. Sin embargo, entiende que esa dignidad y buen nombre se fundamentan en sus correctas actuaciones, tanto públicas como privadas.  Tienen derecho a reclamar si se ven ofendidos o calumniados, pero no tienen derecho a establecer condiciones previas y permisos para la publicación de sus actuaciones. Por el contrario, sentencias del Tribunal Constitucional, favorecen el derecho de los ciudadanos a participar en el debate público de los temas de interés social.

«La construcción de una democracia sólida, así como el fin de la impunidad y de la corrupción, atraviesan por una constante y bien estructurada vigilancia, tanto por parte de la prensa como de la ciudadanía, sobre todo en momentos de expansión del crimen organizado.  El escrutinio público es inherente a la democracia, favorece a las personas que actúan con ética y respeto a las leyes y previene contra las inconductas. La credibilidad y la confianza se ganan con la exposición pública, ya que las actuaciones éticas no requieren ser protegidas, y esto, en vez de ser visto como una amenaza debe ser aprovechado para educar y avanzar», alegó. 

Dijo, además, que aspira a que este proyecto de ley sea una oportunidad para que los diputados reafirmen el compromiso que asumieron con la construcción de una sociedad democrática y la defensa de los espacios de libertad que tantos sacrificios han costado al pueblo dominicano.