El Segundo Tribunal Colegiado de la jurisdicción de Santiago impuso condenas de 20, 15, 10 y 7 años para los cinco imputados por trata de personas agravada, lavado de activos y otros ilícitos en el proceso conocido como “Casa Blanca Night Club”.
La condena mayor de 20 años recae en Juan Antonio Fernández Fernández. La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago Público establecieron que durante el allanamiento al Night Club Casa Blanca, el sentenciado fue encontrado explotando sexualmente a unas 45 mujeres colombianas y venezolanas el 6 de mayo de 2016.
Fernández Fernández deberá pagar, además, una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$ 14 millones en favor de dos de las víctimas.
En el caso de la imputada Grismelda Acarilis Merejo Salas, esta fue condenada a 15 años de prisión y al pago 175 salarios mínimos; María Magdalena Bautista Bautista fue sentenciada a 10 años de cárcel y el pago de 50 salarios mínimos
Mientras, Jolvert José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir penas de 7 años de cárcel, así como el pago de 75 salarios mínimos.
De acuerdo a una nota institucional, el grupo delictivo recibió sentencia por haber «subsumido» su conducta en la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Sustancias Controladas y otras Infracciones graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El Ministerio Público dijo que presentó en las audiencias pruebas de diferentes naturalezas que le permitieron probar que “los miembros de la desarticulada organización criminal se dedicaban a captar, transportar, trasladar, receptar y acoger a mujeres en extremadas condiciones de vulnerabilidad de países como Colombia y Venezuela”.
Las mujeres eran explotadas sexualmente, además, de ser sometidas a condiciones de coacción y amenazas, afectando la dignidad de estas víctimas, para lucrarse con su explotación.
Al dictar la sentencia, el tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Castillo (presidente), Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, enfatizó la gravedad de la trata de personas y la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de este delito.
Por el Ministerio Público litigaron el proceso Juan Medina de los Santos (procurador adjunto), la fiscal Marinel Brea Tejeda y Madeline Nuñez Imbert, del Departamento de Asistencia a Víctimas de Trata de la Procuraduría Especializada que persigue este delito.