Aún no ha llegado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el anteproyecto de modificación de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas que, en planes del Ministerio de Relaciones Exteriores, espera ser depositado ante el Congreso este año. 

“La información que tenemos es que esa (propuesta de) ley estaría en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo; nos reunimos ayer con la subconsultora y la verdad es que no está ahí, no sabemos dónde está”, informó José Monteiro, coordinador de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas y director país de Misión Internacional de Justicia (IJM).

La organización que Monteiro dirige en el país ha trabajado junto al gobierno desde 2019 en la modificación de la ley, promulgada el 16 de julio de 2003, para que se adapte a la realidad actual, una más globalizada y con avances tecnológicos que son aprovechados en la comisión de distintas formas de los delitos que abarca.

Jatzel Román, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para Asuntos Consulares y Migratorios, afirmó en abril a este medio que el borrador se presentó de manera formal a la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes (Citim) para una última revisión interna, antes de remitirlo a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el viceministro confirmó ayer a periodistas de Listín Diario el retraso y explicó que se debió a que luego de una última ronda de revisión, surgieron ciertos comentarios sobre la forma de la redacción del boceto los cuales debieron ser corregidos antes de la remisión a la Consultoría.

“Después fueron consolidados por la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), proceso que culminó y tras el cual hemos procedido a remitir a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo donde se estaría llevando el control para ya proceder a depositar en el Congreso Nacional”, argumentó Román antes de estimar que en dos semanas se realizaría este último proceso ante el Poder Legislativo.

Monteiro, quien tiene una carrera policial con 24 años de servicio y ha trabajado para la Interpol, considera que República Dominicana no está haciendo mucho y que hace falta mayor inversión en las entidades responsables de investigar y perseguir estos delitos.

“Actualmente tenemos una ley que busca combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, pero esa ley es de 2003, de hace casi 20 años, y cuando se elaboró la estrategia la realidad mundial era muy diferente”, agregó. 

Estas aseveraciones fueron realizadas por el experto durante un encuentro con miembros de la prensa organizado por Participación Ciudadana, el Colegio Dominicano de Periodistas y la Coalición de la Sociedad  Civil contra la Trata de Personas, esta última conformada por 16 organizaciones. 

La coalición espera que la propuesta tenga el visto bueno de la Consultoría Jurídica para entonces remitirlo al Congreso Nacional y la nueva legislación sea discutida por los diputados y senadores.

Prevenir y proteger a los más vulnerables en este fenómeno: niños, niñas, adolescentes y mujeres, son los principales objetivos de quienes promueven la actualización de la pieza normativa, una que describen como débil para la protección de las víctimas, pues según la abogada Raysi Marte, está basada en la persecución del delito. Marte explicó además que la legislación fue creada de forma rápida tras un llamado de atención realizado entonces por Estados Unidos.

Para lograrlo, el proyecto de ley plantea la creación de la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas, establecer una tasa de un dólar por tarjeta de turismo y la disposición de fondos especiales destinados para la prevención y persecución del delito.

Además, la creación de protocolos especiales y tribunales para el abordaje de los casos de trata de personas; así como también capacitación e investigación académica, especialmente para policías. 

En el proyecto también se proponen nuevas modalidades de explotación que han surgido en los últimos años, además de las ya establecidas. 

De igual forma, incluirá principios rectores de interpretación y aplicación a la ley para poder establecer en los tribunales el tipo penal,  el  decomiso de los bienes a una persona que haya sido condenada por trata de personas, libera la exigencia de medios comisivos, técnicas especiales de investigación, en casos de trata de personas que cualquiera pueda ser querellante, entre otros. 

Estos últimos aspectos para poder fortalecer la persecución y los procesos judiciales, especialmente contra la explotación sexual, el trabajo forzoso, la mendicidad forzada y la servidumbre doméstica, las principales formas de la que personas de distintas edades y géneros son víctimas en este país.

Informe sobre trata

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo Mencía, manifestó durante la actividad que la trata de personas es un fenómeno a veces difícil de identificar en las comunidades y que en ocasiones involucra a personas de poder, existiendo mucha tensión para denunciar. 

Esa entidad, junto a otras organizaciones, publicó el estudio «Luchar contra la marea”, sobre Trata de personas en once municipios de República Dominicana. 

El informe revela que la modalidad más aguda es la trata con fines de explotación sexual comercial en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica, esta última con una fuerte concentración en la captación de población infantil y adolescente como víctimas de explotación sexual comercial, debido en gran parte a la actividad turística.

“Tanto en municipios ubicados en zonas turísticas como en aquellos no ubicados en estas zonas se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana que han sido y son víctimas de trata en explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica. Igualmente, población dominicana que se señala como víctima de trata interna para la servidumbre doméstica, explotación sexual y matrimonio servil”, cita el documento.

Asimismo, expone que el uso del enamoramiento como forma de captación, así como las plataformas digitales, las estructuras de promoción del turismo y los tours operadores son identificados como vías de captación de las redes de trata.