El Ministerio Público informó la noche de este miércoles que en su testimonio, el mayor de la Policía Nacional, Carlos Gómez, «validó» el informe pericial mediante el cual aportó elementos probatorios contra Argenis Contreras, implicado en el asesinato de Yuniol Ramírez y en los presuntos actos de corrupción ocurridos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
La audiencia se efectúa en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Argenis Contreras, señalado como el principal acusado en el secuestro y asesinato de Ramírez, así como de José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez. También, contra Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por alegada corrupción administrativa en la Omsa.
Según una de prensa del MP, la fiscal Mirna Ortiz dijo que “declaró uno de los testigos que participó en la redacción y confección del informe pericial donde se dejó acreditado una vez más todas las líneas de vínculos y posicionamientos de Argenis Contreras a la hora del asesinato de Yuniol Ramírez, posiciones éstas que lo ubican en las inmediaciones de la Universidad Autonóma de Santo Domingo”.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que el testimonio del mayor Gómez también sustenta los detalles del informe relacionados con todo el recorrido posterior de Contreras “para deshacerse del cadáver”, así como los contactos que tuvo con los coimputados que colaboraron en la desaparición del cuerpo del occiso.
La nota dice que el Ministerio Público ha presentado 20 los testigos contra los implicados en la muerte de Yuniol Ramírez.
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Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo aplazaron la audiencia de este miércoles y continuar conociendo el juicio contra los imputados por asesinato y corrupción el próximo jueves 7 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana.
El crimen, registrado en octubre de 2017, está vinculado con los alegados actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.