Obligar a las trabajadoras domésticas a utilizar uniformes en lugares públicos y privados sería una práctica sancionada en el país. Así lo plantea un proyecto de ley presentado en el Senado por el representante de la provincia de Santiago Rodríguez, Casimiro Antonio Marte Familia.
De aprobarse el proyecto, los empleadores que obliguen a las trabajadoras domésticas a utilizar uniformes para ingresar a lugares públicos y privados, como restaurantes, salones de eventos, plazas comerciales, tiendas, clubes y salones de belleza, pagarían multas entre 5 a 15 salarios mínimos.
El Ministerio de Trabajo sería el órgano encargado de imponer esta multa.
Mientras que los propietarios de lugares que exijan el uso de uniformes a domesticas recibirán sanciones de 20 a 100 salarios mínimos, o incluso el cierre temporal del establecimiento, sanciones que impondría el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), explica el proyecto presentado el 24 de junio.
Aportes a la economía
De acuerdo con el senador Marte Familia, esta iniciativa se sustenta en el trabajo decente de los trabajadores domésticos establecido en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la Constitución de la República, la cual establece que: “El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorpora en la formulación y ejecución de las políticas públicas”.
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La pieza legislativa destaca que la labor de las trabajadoras domésticas incrementa la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, además de aportar al incremento de la economía por la facilidad de que las mujeres se inserten en la vida productiva.