La Justicia boliviana dispuso la detención preventiva de la madre y el padrastro de una adolescente de 15 años que fue hallada muerta y con signos de violencia sexual en su casa en la región oriental de Santa Cruz, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.
Nicolás P.C., de 35 años, y Adela V.S., de 32, deberán cumplir con la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por disposición del Juzgado Tercero de Instrucción Cautelar de la provincia cruceña Obispo Santisteban, señaló el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, según un boletín de prensa del Ministerio Público.
El funcionario explicó que inicialmente el caso se abordó como un suicidio, «ya que la menor sufría de depresión debido a que con anterioridad fue raptada, dopada y vejada sexualmente».
«Sin embargo, gracias a las investigaciones realizadas en coordinación con la Policía y el Ministerio Público se logró determinar que fue violada antes de morir», sostuvo Mariaca.
Los testimonios de los hermanos de la víctima ofrecieron más pistas sobre el suceso y por ello «se inició la investigación por los delitos de violación y feminicidio contra el padrastro y la madre», agregó.
El suceso se conoció el pasado sábado en la noche, cuando los vecinos del barrio Santa Fe, en el municipio cruceño de Montero, denunciaron a la Policía que la menor fue hallada recostada en una cama sin signos vitales, explica la nota de la Fiscalía.
El cuerpo de la menor fue llevado a un hospital donde un médico forense determinó que fue violada y que murió por «asfixia mecánica por estrangulación», indica el boletín.
El padrastro de la víctima es investigado como principal sospechoso del hecho y la madre por posible complicidad, pues se rehusó a cooperar con las investigaciones y escondió una carta que habría dejado la menor, según el Ministerio Público.
En el primer semestre de año, el país reportó 48 casos de feminicidio, según datos difundidos más temprano por la Fiscalía.
En Bolivia los feminicidios se sancionan con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima de la legislación penal en el país, mediante una ley contra la violencia machista vigente desde 2013.
No obstante, las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.
El Gobierno boliviano promulgó este lunes una ley de protección a víctimas de feminicidios, infanticidios y abusos sexuales que, entre otros, retira el beneficio de la detención domiciliaria a los investigados por estos sucesos y endurece las sanciones contra operadores judiciales que demoren estos procesos o favorezcan de alguna forma a los acusados.