A pasar de que en el caso Operación Medusa hay 41 personas acusadas de graves actos de corrupción pública y privada, solo cuatro personas guardan prisión por su vinculación a la red que habría defraudado al Estado con más de seis mil millones de pesos.

Tras las rejas está el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien es señalado motor de toda esta red de crímenes de cuello blanco, en la que también han sido acusados importantes empresarios de la construcción en la República Dominicana.

Otro de los que están en la cárcel es el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra. Se encargaba de borrar, alterar y eliminar “todas las huellas” de los hechos ilícitos cometidos por el entramado. Habría sustraído dispositivos de alta tecnología (drones y bloqueadores de señales) en beneficio de él y el exprocurador. 

También guarda prisión el director administrativo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien formaba parte del Comité de Compras del Ministerio Público que, supuestamente, manipulaba los procesos de compra de la institución y seleccionaba previamente a los oferentes que resultarían ganadores. 

Además está en la cárcel Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público, este formaba parte del círculo de confianza de Jean Alain que condicionaba los procesos de compras para favorecer a empresas allegadas a los intereses del exprocurador, y sobrevaluaba los precios para darles un margen que les permitiese a los suplidores obtener un beneficio y entregar a Rafael Antonio Mercedes Marte el monto requerido por Rafael Stefano Canó Sacco.

Con otras coerciones

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, y Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Rafael Stefano Canó Sacco decidió colaborar con las autoridades y fue dejado fuera de la acusación. Ahora está en calidad de testigo estrella del Ministerio Público. 

Los nuevos acusados

Los nuevos acusados incluidos por el Ministerio Público están en libertad, y aunque muchos han devuelto bienes por más de 800 millones de pesos y buscan acuerdo con el Ministerio Público, deberán ser presentados ante un tribunal para que decida si les imponen una coerción.