El Gobierno de Honduras solicitó este miércoles al tribunal que lleva el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), que sea trasladada de la cárcel a su casa bajo arresto domiciliario debido a los riesgos que enfrenta luego del asesinato de un hijo suyo.

La petición de cambio de medidas fue presentada a través del asistente de la Presidencia de Honduras en atención a presos políticos y sociales, Pedro Amador, confirmó la abogada de la ex primera dama, Daysi Banegas.

Amador pide al Tribunal de Sentencia que «actúe de oficio y revoque medida cautelar de prisión preventiva a la señora Rosa Elena Bonilla por arresto domiciliario» y asegurar su presencia en el proceso, según el documento.

Solicita al tribunal tomar «en consideración la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra (Bonilla)» luego de que su hijo Said Lobo Bonilla fue asesinado el jueves en Tegucigalpa junto a tres hombres.

Amador señala que en este momento no existen «garantías que puedan preservar la salud mental y seguridad personal» de la ex primera dama y hace hincapié en que Bonilla anteriormente estaba en libertad «sin ninguna medida cautelar y siempre mostró su voluntad de someterse al proceso que se le sigue».

«Dejamos clara constancia de que, si a la ciudadana Rosa Elena Bonilla, quien cumple una segunda prisión preventiva, lo cual es ilegal según el Código Penal, le pasa algo en la cárcel donde se sabe de la constante inseguridad y la falta de garantías de vigilancia que causan varios asesinatos, los responsables serán únicamente los que están negando al cambio de medidas por arresto domiciliario», señala la petición.

La ex primera dama fue condenada el pasado 17 de marzo en la repetición del juicio por fraude y apropiación indebida de recursos a título de coautora, según la resolución del Tribunal de Sentencia.

Abogada espera que tribunal acepte cambio de medida

La abogada de Bonilla dijo que espera que los jueces acepten cambiar la detención de la ex primera dama por arresto domiciliario, porque considera que «ya le han hecho mucho daño haciéndole un juicio fuera de la verdad».

 La ex primera dama está «presa ilegalmente, ella corre peligro, esperamos que se actué de oficio, aunque ya nos dijeron que no podrán resolver ahora, sino en tres días (…), a ella nunca se le han respetado las garantías constitucionales desgraciadamente”, subrayó la abogada.

Bonilla fue detenida el 28 de febrero de 2018 luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su ex secretario privado Saúl Escobar, se entregó en marzo de 2018 a las autoridades hondureñas.

Según la denuncia del Ministerio Público, los acusados «conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos durante los años 2011 a 2015 a través de 70 cheques otorgados a 9 personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad, que después convertían en dinero en efectivo».

Bonilla manejó una cuenta bancaria con recursos provenientes de diferentes fuentes, entre ellas donaciones de la Embajada de Taiwán para proyectos sociales que debían ser ejecutados por la Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco) durante el período 2011-2014, señaló el organismo.