Un tribunal de sentencia de Paraguay condenó este jueves a 24 presuntos integrantes del grupo brasileño criminal Primer Comando Capital (PCC) por la muerte de diez reos del clan Rotela, vinculado al narcotráfico en el país, durante una riña ocurrida en 2019 en la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyu.
Los jueces Guido Marecos, Agapito Núñez y Karina Von Trumpling de Sosa, del tribunal de sentencia de la circunscripción judicial de San Pedro, dieron a conocer su decisión durante una audiencia en la Agrupación Especializada, una dependencia de la Policía Nacional, bajo una fuerte custodia, informaron medios locales.
El tribunal condenó a 11 de los procesados a 30 años de prisión, más diez años como medida de seguridad, bajo cargos de tentativa de homicidio doloso agravado y motín de internos en grado de coautoría.
Al menos seis más fueron sentenciados a 20 años de prisión, más cinco años como medida de seguridad, tras ser considerados cómplices y coautores del motín.
El resto de los reos recibió una pena de cinco años de cárcel, acusados de motín.
Durante el motín, seis reclusos murieron decapitados, otros tres fueron incinerados y uno más fue asesinado con un arma blanca.
Consultado por periodistas, el fiscal Alejandro Cardozo se declaró satisfecho de que se alcanzaran “ejemplares condenas” en este caso.
“Es la coronación de un titánico trabajo del Ministerio Público, conjuntamente con todos los colaboradores”, señaló el funcionario sobre el juicio oral que se inició en mayo pasado.
Por su parte, la abogada Rossana Díaz, una de las defensoras, dijo a los periodistas que existe una “cantidad de nulidades” en el caso y consideró que, desde el inicio del proceso, “no hubo una defensa técnica real y efectiva”.
«Acá desde un principio no se buscó quién era el autor del hecho, acá ellos fueron condenados por ser miembros del PCC”, agregó Díaz, quien se dijo dispuesta a acudir incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presencia de integrantes del PCC y del también brasileño Comando Vermelho en los penales paraguayos ha llevado al Gobierno local a agilizar las expulsiones y los procesos de extradición a los países en los que son requeridos por la Justicia.
Ambos grupos operan especialmente en las zonas fronterizas con Brasil, como la ciudad de Pedro Juan Caballero.