Las autoridades de Singapur ejecutaron este viernes a un preso condenado a la pena capital por delitos de drogas, el quinto ajusticiamiento desde que la ciudad-Estado reanudara la práctica a finales de marzo tras la pandemia.
El singapurense Nazeri Lajim, de 64 años, fue ahorcado -el método con el que Singapur ejecuta a los condenados- a primera hora de la mañana en la prisión de Changi.
La activista contra la pena de muerte Kokila Annamalai y el abogado Ravi Madasamy, que suele representar legalmente a condenados a la pena capital, confirmaron en las redes sociales la ejecución.
Lajim, con un largo historial de consumo y otros delitos de droga, fue sentenciado en 2017 por traficar con 960 gramos de heroína.
El fallecido presentó la víspera ante un tribunal una solicitud de última hora para retrasar la ejecución, que fue rechazada por los magistrados.
Singapur tiene una de las leyes más draconianas del planeta contra el consumo y el tráfico de drogas, que castiga en la mayoría de los casos con la pena de muerte, llevada a cabo de forma muy opaca.
Activistas alertan de que la saturación actual en el corredor de la muerte está derivando en una aceleración de las ejecuciones tras dos años de parón por la pandemia, y que se retomaron el 30 de marzo con la ejecución de Abdul Kahar bin Othman, singapurense de 68 años, también condenado por narcotráfico.
El 27 de abril, Singapur ejecutó al malasio Nagaenthran Dharmalingam -33 años y condenado por narcotráfico- pese a las críticas de la comunidad internacional y las peticiones para la suspensión de la sentencia de este reo con discapacidad intelectual probada.
Mientras el 7 de julio, las autoridades ejecutaron a otras dos personas: el malasio Kalwant Singh, de 31 años, y el singapurense Norasharee Gous, de 48, también condenador por delitos de drogas.