El Gobierno de Ecuador negó tener vinculación con una trama de supuesta venta de cargos públicos por la que fueron detenidas ocho personas y afirmó que colaborará con la Fiscalía en las investigaciones.
Las detenciones se realizaron el jueves en un operativo coordinado por la Fiscalía donde también fueron allanados una serie de inmuebles, entre ellos el de Juan José Pons, exconsejero de Gobierno ad honorem en temas bananeros, según medios locales.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia afirmó en un comunicado que el Gobierno de Lasso «está comprometido en la lucha contra la corrupción, y no permitirá -bajo ninguna circunstancia- hechos que mancillen el trabajo transparente desplegado por el Ejecutivo».
Así, anticipó que «brindará todas las facilidades para garantizar que la Fiscalía despliegue una investigación exhaustiva» sobre este caso, que «inició gracias a una denuncia desde la administración aduanera».
«En este Gobierno no ha existido ningún reparto de cargos por parte de las autoridades que lideran los ministerios y las entidades que lo conforman», aseveró el comunicado.
El Ejecutivo anticipó que «las personas inescrupulosas que han ofertado cargos a terceros a cambio de dinero deberán responder ante la Justicia».
HASTA 3 MILLONES DE DÓLARES
La Fiscalía de Ecuador presentó este viernes cargos contra los ocho detenidos por asociación ilícita para tráfico de influencias, y el juez a cargo de la audiencia estableció que sigan el proceso en libertad condicional, con impedimento de salida del país y comparecencias periódicas ante el juzgado.
Según la investigación realizada por Bolívar Burbano, fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas, principalmente del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).
Su objetivo era presuntamente colocar a una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad, y para ello supuestamente ofrecieron cerca de 3 millones de dólares a una funcionaria cercana a la Dirección del Senae para que facilitara el acceso a ese cargo.
A CAMBIO DE FAVORES
De acuerdo con la investigación, este monto iba a ser financiado por exportadores, a cambio de cobrar favores en un futuro.
Sobre la presunta intervención en otras instituciones públicas, la investigación determinó que también habrían colaborado para entregar puestos de trabajo, valiéndose de ciudadanos reconocidos e influyentes en el campo político y social.
La investigación del caso inició en septiembre de 2021 y entre los principales elementos de convicción presentados por el fiscal hay un informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones y fotografías, efectuadas con las respectivas autorizaciones judiciales.
También se expuso información extraída de números telefónicos y transcripción de conversaciones mantenidas entre los involucrados, obtenidas con técnicas especiales de investigación
Asimismo, hay evidencia de reuniones entre los involucrados y otras personas, en las que se habrían concertado las operaciones para cometer los presuntos actos ilícitos, según la Fiscalía.