La procuradora general Miriam Germán Brito firmó con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) un convenio que agiliza el traspaso de las construcciones de centros penitenciarios que se levantan en diversos puntos del país y, al mismo tiempo, regula posteriores proyectos en ese ámbito.

El acuerdo fue firmado por Germán Brito y Carlos Bonilla Sánchez, titular del MIVHED.

El mismo establece que la dependencia estatal trabajará en los centros de corrección y rehabilitación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 160-21, que crea el Ministerio de la Vivienda y siempre atendiendo su disponibilidad presupuestaria y recursos financieros.

“La Procuraduría General, y el propio Ministerio Público, tienen funciones específicas ajenas al ámbito de la construcción. Por eso entendemos que resulta más factible para garantizar la agilización de los procesos y la inversión efectiva de los recursos públicos, que la construcción de recintos penitenciarios se ejecute desde el Ministerio de la Vivienda”, dijo Germán Brito.

El acuerdo establece que las políticas para la ubicación, diseño, construcción, equipamiento y seguridad de las edificaciones penitenciarias y correccionales serán regidos y supervisados por el Ministerio Público en coordinación con el MIVHED.

Los recintos carcelarios atenderán las necesidades de seguridad y el concepto de justicia restaurativa y aplicación consecuente del sistema progresivo, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana.

El Ministerio Público deberá proveer al de la Vivienda copias de los planos de cada una de las construcciones, estado de los costos o estado financiero de la obra y de los pendientes por pagar, así como copia de las observaciones de cada una de las obras ya iniciadas y del listado de los contratistas con sus correspondientes documentos contractuales.

Además, deberá entregar copia de los procesos de compras de los cuales resultaron adjudicados los contratistas de las obras ya iniciadas y que se encuentran en proceso de terminación.

También, definirá la priorización institucional para la construcción de nuevos centros de corrección y rehabilitación, y fijará la ubicación de los mismos conforme las licencias o autorizaciones que correspondan y en atención a los criterios establecidos en la ley.