El Tribunal Supremo (TS) español confirmó la condena de seis años de cárcel impuesta al expresidente de la región de Andalucía (sur) José Antonio Griñán, y de nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE, un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

Votaron a favor del fallo tres de los cinco magistrados encargados del caso, de gran trascendencia pública en España, en tanto que otros dos fueron discrepantes.

A falta de conocer los argumentos jurídicos, que se publicarán más adelante, el TS avala una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Sevilla (capital de Andalucía), que consideró a Griñán culpable de malversación y prevaricación, en tanto que Chaves fue condenado únicamente por este último delito.

Dos jueces del Supremo consideran que se debería haber estimado parcialmente el recurso de Griñán y haberle absuelto del delito continuado de malversación, revocando así la condena de prisión.

Ambos condenados, exdirigentes históricos del socialismo español, fueron juzgados en la denominada pieza política de los ERE, en torno a la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones entre 2000 y 2011 para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

A Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo de Andalucía (2009-2010), el Supremo le rebaja la condena de siete a tres años de prisión y de 18 a 7 años y medio de inhabilitación.

Por el contrario, mantiene la condena de 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público a la exconsejara regional de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, que también fue ministra española de Fomento, así como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió.

El Supremo confirmó la sentencia para el resto de procesados, excepto tres antiguos altos cargos de la Consejería de Empleo que quedan absueltos.