Los maestros del sector público de Panamá volverán el martes a las aulas tras una huelga de casi un mes, de las mayores protestas sociales en años en el país, tras conseguir un aumento del presupuesto para la educación en una mesa de diálogo con el Gobierno.

«Mañana nos reincorporamos a las clases», dijo este lunes el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, quien anunció el 6 de julio pasado el inicio de la medida de fuerza.

La huelga docente se declaró para exigir una rebaja al alto precio del combustible y de la canasta básica, así como que se cumpla la ley que establece que el presupuesto de la educación debe ser igual al 6 % del producto interno bruto (PIB).

Sindicatos, gremios, organizaciones indígenas y sociedad civil se sumaron progresivamente mediante protestas de calle, convirtiéndolas en las más intensas en décadas.

La semana pasada cesaron los bloqueos que durante semana se registraron en la principal carretera del país, generando desabastecimiento de alimentos, combustibles y otros enseres en los centros urbanos.

También algunos profesores se incorporaron a sus puestos y recibieron alumnos, como constató Efe en la barriada popular de San Miguelito, en la capital, mientras que la mayoría se mantenían en huelga, algo fuertemente criticado por los padres de familia.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió el pasado miércoles a los docentes regresar a las escuelas ya que los estudiantes «merecen seguir recibiendo una educación de calidad, integral y forjada en valores».

«Los docentes han dado muestra de civismo, dignidad, decoro y lucha no solo en lo reivindicativo sino desde el aspecto social», dijo Ábrego este lunes.

Señaló que hay programada una reunión con el Ministerio de Educación (Meduca) para recuperar los contenidos educativos perdidos durante las semanas de huelga, además de proponer otros métodos alternos como ofrecer clases durante el período de vacaciones.

Los docentes y el Gobierno de Panamá pactaron destinar el 6 % del PIB, unos 1.200 millones de dólares, a la educación en el 2024, en la mesa de diálogo instalada el pasado 21 de julio para buscar una solución a la masiva ola de protestas.

Ábrego declaró que van «a estar pendientes» del manejo de ese presupuesto asignado a la cartera de educación para que «se usen como debe de ser, para resolver las grandes necesidades que tenemos en educación».

«No queremos que los empresarios pierdan, queremos que se cumple la ley»

Frente a las denuncias del sector privado, que no participa en la mesa de diálogo, de que las decisiones como el control y regulación de precios alcanzados allí atentan contra el libre mercado y la libre empresa, Ábrego señaló que solo combaten a los «oligopolios» que elevan los costos «de manera indiscriminada».

«Estamos enfrentando los abusos de una clase empresarial que aumentan los precios de los productos de manera indiscriminada, incluso la Constitución y la ley prohíben los oligopolios», expuso Ábrego.

Esto junto a la retórica socialista desencadenó una oleada de críticas hacia los representantes gremiales y sindicales.

«No hablamos de que no ganen (los empresarios), hablamos de que se cumpla la ley, que es lo que no se está haciendo y hay tolerancia total hacia estos grupos económicos», defendió Ábrego.

«Es un mensaje claro para los próximos gobiernos: no vamos a soportar más abusos de los gobiernos ni la clase empresarial (…) Vamos a seguir haciendo historia hasta llegar a un Panamá más equitativo», concluyó.

La mesa de diálogo reiniciará el próximo miércoles sus debates tras una pausa iniciada el sábado pasado, después de que se alcanzaron consensos en 4 de los 8 temas de la agenda, entre ellos la rebaja y congelamiento de los combustibles y de alimentos básicos.