La precariedad laboral, independientemente de otros factores económicos, tiene un claro impacto en la salud mental de los trabajadores, principalmente en el nivel salarial en general, y en la vulnerabilidad en el caso de las mujeres, según un estudio realizado por el grupo Opik de Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

La investigación ha analizado la relación entre la inseguridad laboral, medida por dimensiones y como índice multidimensional, y la salud mental de hombres y mujeres asalariados en el País Vasco.

«Creemos que es necesario abordar la inseguridad laboral desde esta perspectiva más multidimensional; de lo contrario, se pueden dejar de lado muchas cosas que podrían ser inseguridad laboral y que no se están analizando», señala Erika Valero-Alzaga, una de las investigadoras del grupo.

Para abordar la inseguridad laboral desde una perspectiva multidimensional y conocer la importancia relativa de cada una de sus dimensiones, la investigación se basó en la escala de inseguridad laboral EPRES, que consta de seis dimensiones: impermanencia, salario, desempoderamiento, vulnerabilidad, derechos y capacidad de ejercer derechos.

Así, cada una de las dimensiones que la componen fue analizada por separado, con el fin de identificar aquellas que potencialmente ejercen un mayor impacto sobre la salud, a partir de una muestra de la Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca de 2018.

Según las conclusiones de este estudio, la precariedad laboral se asocia significativamente con una mala salud mental tanto en hombres como en mujeres. «Vimos que había algunas dimensiones que parecen ejercer un mayor impacto que otras en la salud mental», señala Valero.

El nivel salarial entre ambos sexos, o la vulnerabilidad entre las mujeres parecen estar relacionados de forma significativa e independiente con un peor estado de salud mental. «Curiosamente, una de las características más llamativas del mercado laboral español es su impermanencia. Vemos que si neutralizamos el efecto de otras variables, como el nivel educativo o el estatus socioeconómico, esta variable per se no parece afectar a la salud mental», señala el investigador de la UPV/EHU.

«Esto puede deberse a que en algunos sectores con altas tasas de temporalidad en nuestro contexto, por ejemplo en parte del sector público, no siempre se vive esta situación unida a un alto grado de incertidumbre sobre la continuidad del empleo, lo que no significa que no haya que hacer esfuerzos para estabilizar las plantillas», apostilla.

Las transformaciones socioeconómicas y políticas «han provocado un importante deterioro de la calidad del empleo y una transferencia de los riesgos y la inseguridad de los empleadores a los trabajadores». «Además, la inseguridad laboral no se distribuye uniformemente entre la población trabajadora», dice Valero.

Las mujeres tienden a ocupar puestos de trabajo de menor calidad, tienen menos contratos indefinidos que los hombres, tienen niveles salariales más bajos y están sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial. Asimismo, la precariedad laboral se concentra más en los jóvenes y en las personas de menor nivel socioeconómico.

«La precariedad laboral tiene efectos negativos enormemente significativos en la salud mental, por lo que teniendo en cuenta el impacto que el trabajo en general (trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidados) tiene en la vida de las personas, debería ser una prioridad a nivel político. Hasta ahora, la preocupación ha sido acabar con el desempleo, ya que se ha visto que también ejerce un impacto negativo en la salud; pero no se trata sólo de garantizar el acceso al empleo, sino de asegurar el acceso a un empleo decente y a unos niveles salariales adecuados», añade Valero.

La investigadora considera que «los resultados de este estudio, basado en una muestra amplia y representativa de la población asalariada del País Vasco, podrían ayudar a identificar los aspectos más desfavorables de la precariedad laboral para la salud mental y así poner en marcha diversas medidas sociopolíticas para afrontarlos».

No obstante, reconoce que se trata de un estudio transversal que «impide establecer un principio de causalidad entre la precariedad laboral y la salud mental», y ha subrayado la necesidad de «promover nuevas investigaciones para adaptar y analizar la escala EPRES en trabajadores autónomos, así como en personas que no tienen contrato laboral».