El diálogo entre el gobierno y dirigentes magisteriales, sindicales y sociales de Panamá continúo el jueves en busca de mecanismos para abaratar el precio de la electricidad, otro de los reclamos que desataron enormes protestas en el país por el alto costo de la vida y que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo dejaron al menos 80 personas hospitalizadas.
La mesa de diálogo en la que la Iglesia católica funge de mediadora comenzó la víspera a analizar el tema de la rebaja en la tarifa eléctrica, que junto al tema de la seguridad social y la corrupción figuran entre los que restan por debatir de una lista de ocho puntos prioritarios. El avance en el diálogo y los consensos acordados sobre una rebaja en los alimentos, la gasolina, los medicamentos y mayor presupuesto para la educación hicieron posible el cese de las protestas que estremecieron el país durante cuatro semanas.
Las manifestaciones, las mayores en el país centroamericano en mucho tiempo, se desataron luego de una huelga de educadores y marchas en el interior del país y en la capital en julio.
Las organizaciones sociales buscan un precio más bajo y que se establezcan topes de ganancias a las empresas que generan y distribuyen la energía eléctrica en Panamá. La discusión durante la jornada comenzó la víspera, sin que aún haya un consenso.
En tanto, la Defensoría del Pueblo divulgó el jueves un informe preliminar en el que señala que las protestas dejaron al menos 80 personas hospitalizadas por diversas afectaciones.
La institución —cuyos funcionarios acompañaron las manifestaciones y registraban lo acontecido— indicó que en el 92 % de las protestas no hubo altercados. Dijo también que las personas que fueron hospitalizadas tenían diversos problemas de salud: afectaciones respiratorias, lesiones maxilofaciales y heridas cerca de los ojos, y que un manifestante fue atendido de una herida de bala en el brazo.
En su informe, la Defensoría del Pueblo señaló que la ola de protestas fue “un escenario de perturbación del orden público que sobrepasó en algunas veces la capacidad de la Fuerza Pública y que por consecuencia puso en riesgo la convivencia e inclusive la institucionalidad”.
Destacó que, ante ese panorama que vivió el país el mes pasado, aconseja a los gobernantes “prestar atención a esas conmociones sociales, atenderles enseguida y no dejar que afloren”.
La defensoría destacó que en las manifestaciones participaron docentes, obreros de la construcción, transportistas, productores agropecuarios y padres de familia, entre otros.