El abogado Johnny Portorreal y otros implicados en la estafa de la Familia Rosario deberán comparecer el 26 de septiembre ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para responder la acusación que hace el Ministerio Público en su contra.
En esa fecha el juez Raymundo Mejía tiene previsto comenzar la audiencia preliminar del caso y examinar si tienen méritos los elementos de pruebas depositados por la Fiscalía del Distrito Nacional para mandar el caso a juicio de fondo.
Además de Portorreal, la Fiscalía del Distrito Nacional acusa a Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz de estafar a 283 personas de apellido Rosario.
La instancia, que formaliza la solicitud de apertura a juicio, establece que los acusados estafaron a las víctimas utilizando maniobras fraudulentas y prometiendo el cobro de una supuesta e inexistente herencia de la familia Rosario.
Indica que, «para requerir la entrega de diferentes montos de dinero, el grupo usaba la información falsa de que el dinero de la herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza».
Los acusados les habrían dicho a sus víctimas que los recursos que les estaban requiriendo y que les cobraban a través de la empresa La Central del Derecho LPR, SRL, tenían la finalidad de realizar trámites para su registro como herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos).
Según la acusación, con el pago que realizaban las víctimas aportaban para la elaboración de un poder cuota litis, en el que se acordaba el pago de los honorarios, una rectificación de cuota litis y un pin, este último para ser utilizado en el banco al momento de retirar los fondos que iban a ser depositados. Incluía también un supuesto código SWIFT en formato IBAN, el cual era de datos exclusivos para poder recibir los depósitos, desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal.
En tanto que De Oleo Montero y De la Cruz realizaban reuniones con el propósito de captar supuestos herederos de la Familia Rosario, para que les costearan viajes y las diligencias a Europa, en las sedes de los bancos internacionales.
En torno al caso, el órgano persecutor realizó diversos allanamientos en los que ocupó un gran número de documentos que vinculan directamente a los acusados con la estafa.
La Fiscalía depositó más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales.