Representantes de los países centroamericanos discuten este lunes en El Salvador una propuesta de tratado para intentar constituir la «Unión Centroamericana» como un organismo supranacional.
La iniciativa, presentada por el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, señala que el ente «contempla, inicialmente, a los ocho países que hacen parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)».
Se trata de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, cuyos representantes participan en la Conferencia Sobre el Futuro de Centroamérica, en un hotel de la capital salvadoreña.
El documento en discusión indica que la «Unión Centroamericana» sería «una organización regional supranacional, con personalidad jurídica propia» y que tendría «alcances en lo económico, político, monetario, fiscal, social, seguridad democrática y ambiental».
Esta entidad se formaría por el Consejo de la Unión, integrado por los jefes de Estado de los países miembros; un Parlamento y Tribunal, además del Consejo de Ministros, una Comisión, entre otras instituciones.
Propuesta final
El vicepresidente salvadoreño indicó que el reto es que, a partir del borrador, se pueda generar para 2024 una propuesta final de reforma al Protocolo de Tegucigalpa para presentarla a los presidentes de los países del SICA.
Dicho protocolo se firmó en 1991 y es el que dio vida al SICA, y con la reforma se pasaría, según Ulloa, «de la integración a la unión», lo que requería de «ingeniería constitucional» y «arquitectura legislativa».
La Unión Centroamericana se concretaría con la aprobación y ratificación de cada Estado de un tratado constitutivo, mientras que la legislación secundaria no tendría que ser aprobada por los parlamentos de cada país.
El presupuesto para su funcionamiento provendría de aportaciones de cada Estado miembro, que pueden provenir de impuestos sobre el tabaco y alcohol, entre otros.
«Los recursos financieros vienen determinados por la previsión de conseguir que la ‘Unión Centroamericana‘ se convierta en un organismo autónomo, sostenible e independiente económicamente de los Estados miembros», reza el documento.
La propuesta salvadoreña, que ya había sido compartida entre funcionarios en junio, indica que las decisiones administrativas comunitarias «podrán ser impugnadas» ante la institución que las emita y ante el Tribunal de la Unión «conforme a los medios impugnativos determinados».