El gobierno del presidente Luis Abinader propone la creación de una comisión interinstitucional para combatir la trata y tráfico de migrantes. Así lo plantea el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes depositada ayer en el Congreso Nacional por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
De acuerdo a la pieza, la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim) se encargaría de diseñar políticas públicas relativas a la prevención, persecución, protección y cooperación internacional relativas a dichos delitos.
Composición
Según detalla el proyecto de ley, esta comisión estaría integrada por la Presidencia, el Pleno, que a su vez estará integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Trabajo, Turismo, Mujer, Educación, Interior y Policía, el Ejército, Migración, Servicio Nacional de Salud, Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, la Armada, la Policía Nacional y un representante del Poder Judicial.
También contará con una Secretaría Técnica, Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de trata de personas, subcomisiones, comités y grupos de trabajo.
El consultor Antoliano Peralta entrega a Eduardo Estrella los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. (FUENTE EXTERNA)
Además del proyecto de ley que modifica la Ley de Trata de Personas, el Consultor Jurídico también depositó proyectos de ley sobre feminicidios, bienes incautados y uno sobre el fomento de la competitividad en la Aviación Civil.
Financiamiento
En cuanto a los recursos para combatir la trata de personas, el proyecto detalla que los fondos provendrán de las contribuciones provenientes de instituciones públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, destinadas a los fines de la ley de trata.
Otra fuente de financiamiento son las asignaciones de las partidas presupuestarias de ingresos del gobierno central y de los bienes decomisados.
El proyecto de ley también establece una contribución especial obligatoria que tendrá que asumir toda persona jurídica o entidad en base a sus ingresos para la prevención y persecución de la trata de personas, así como la atención, protección y repatriación de víctimas y la asistencia y protección de las personas identificadas como víctimas de trata y comercio ilícito de migrantes.