Composición: Infobae Perú.
El Poder Judicial programó para este miércoles 28 de diciembre la audiencia de apelación del expresidente de la República, Pedro Castillo, contra los 18 meses de prisión preventiva que cumple en el penal de Barbadillo, donde fue recluido tras el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre pasado.
La instancia encargada de revisar el recurso de Castillo será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que, desde las 9 de la mañana, verá el tema. El exmandatario es procesado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó la medida de prisión preventiva contra Castillo el pasado 15 de diciembre pasado. Esto tras encontrar fundados elementos de convicción, eventual condena superior a cuatro años de pena privativa de la libertad y peligro procesal en el caso del exmandatario.
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Sin embargo, la defensa legal de Castillo busca que se le dicte comparecencia con restricciones y salga en libertad. Entre los argumentos, presentados por el abogado Wilfredo Robles Rivera, se menciona que el juez Checkley cometió un error al no cerciorarse si el Congreso cumplió con el trámite establecido en el artículo 89 de su reglamento para levantar la prerrogativa de antejuicio político.
Además, alegan que la medida fue levantada el domingo 11 de diciembre a través de un acuerdo del Pleno del Congreso tras recibir un oficio de la Fiscalía de la Nación.
“El Congreso hizo sesión el domingo 11 de diciembre a horas 5.00 p. m., oficiando un acuerdo a Benavides Vargas que no es producto de un antejuicio político. El juez de investigación abdicó de su obligación de hacer un control de constitucionalidad para cumplir con una consigna política: ¡todos contra Pedro Castillo!, pisoteando la garantía de un debido proceso y convirtiendo el procedimiento de la prisión preventiva en una pantomima, en un acto de venganza política contra el procesado”, considera la defensa legal de Castillo.
En esa línea, también acusan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de haber “desplegado una actuación inconstitucional e ilegal” al formalizar la investigación preparatoria y solicitar prisión preventiva contra Castillo Terrones. En esta estrategia se habría involucrado el magistrado Checkley.
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¿Salud complicada?
Los familiares del exmandatario aseguraron días atrás que este cuenta con ciertos problemas de salud. Vilma Vásquez Castillo, sobrina del expresidente, acudió a la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Dinoes) el pasado viernes 16 y se refirió a dicho tema.
“Hasta el día de ayer estaba en un tema delicado, pido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nos ayuden, que la salud del ‘presidente’, que de cualquier cosa que le suceda, sean responsables el Congreso y la Fiscalía. Están vulnerando sus derechos por algo que no ha cometido, que lo demuestren primero (…) Él está (recluido) injustamente”, aseguró Vásquez.
Vásquez Castillo también formó parte de la delegación que se reunió, junto a Pedro Castillo, con el equipo técnico de la CIDH el último jueves 22. El grupo permaneció dos días en el Perú y se reunió con diversas autoridades, entre ellas, el presidente del Congreso y la Fiscal de la Nación Patricia Benavides.
“Está delicado de salud, hablo por lo que he visto, no por el resto. No les puedo decir más, está delicado sí y eso es suficiente creo. Pedimos justicia y que se haga transparente todo”, manifestó la mujer al salir de su encuentro con la CIDH.
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