A 20 días del homicidio de Chantal Jiménez a manos de su expareja, el Ministerio Público (MP) no concluye la investigación con relación a la actuación de los miembros de ese organismo que trabajaron en el caso cuando Jensy Graciano Cepeda la agredió en un primer intento con la misma arma de fuego que consumó el feminicidio tres días después.
La joven de 25 años de edad falleció el sábado 8 de abril como consecuencia de la herida de bala que le produjo Graciano Cepeda en la urbanización Fernández, del Distrito Nacional, luego de ser liberado en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y expedírsele una orden de alejamiento. El hombre luego se suicidó en el mismo lugar. Los dos cuerpos fueron hallados juntos.
El órgano persecutor responde que todavía continúa con las indagatorias y que cuando concluyan se informará.
Poca información
La Procuraduría General de la República solo se ha limitado a dar a conocer que el inspector general, José Vitervo Enrique Cabral González, entrevistó el día 11 de este mes de abril al fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, a la encargada de la Unidad de Violencia de Género de ese municipio, Nancy Abreu, y a la fiscal investigadora del caso, Altagracia Brache, en relación al manejo que dieron a la denuncia por violencia de género presentada por Chantal y por la que estuvo preso pocos días y luego fue liberado y dejado con el arma que intentó matarla y días después lo hizo.
Ante la conmoción que provocó el trágico deceso de la joven, uno entre muchos en circunstancias similares, se inició la pesquisa a los fiscales envueltos por la posible violación a la instrucción que en noviembre del 2020 dio la procuradora Miriam Germán Brito para evitar las muertes de mujeres en esas mismas condiciones.
En un comunicado de prensa recordó que el numeral 5 del instructivo, relativo a que el desistimiento de la víctima de su denuncia no puede afectar la acción del Ministerio Público y que, por tratarse de delitos de acción u orden público, tienen que seguirse hasta el final”.
“Queda totalmente prohibido levantar actas compromisos, en materia de violencia de feminicida. A tales fines, la postura del Ministerio Público deberá permanecer invariable, a pesar de que la víctima, a consecuencia del Síndrome de la Mujer Maltratada o la indefensión aprendida, quiera establecer un acuerdo”, dijo la Procuraduría.
En un video que muestra una entrevista al padre de la víctima, el señor Roque Jiménez, éste se lamenta de cómo intervino con su hija para que acudiera hasta la fiscalía a gestionar la libertad de quien terminaría matándola.
Cuando los incidentes de amenazas e intento de feminicidio se producen con armas de fuego, señala el comunicado, estas “deberán ser retenidas, sin importar que sea legal o no, cuando estén en posesión de un acusado de violencia de género, intrafamiliar y sexual”.
Cuestionamientos
Juristas, feministas y psicólogos han manifestado que la justicia falló en proteger a Chantal.
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia sostuvo que en este caso “se violaron todos los protocolos”, por lo que entiende deben establecerse sanciones.
La comunidad jurídica en general espera una respuesta por el hecho.
Dos de los casos que provocaron que la Procuraduría General prohibiera los frecuentes acuerdos entre el agresor y víctima fue el de la abogada Anibel González y su expareja, Yasmil Oscar Fernández Estévez (Ray), así como el de Juana Domínguez Salas y Johan Ramírez.
Te puede interesar