La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) afirmó que el derecho a la protesta es una facultad constitucional que no puede ser violada por la arbitrariedad de ningún funcionario público. 

En respuesta al ministro de Educación el gremio dijo que los docentes son los únicos que dan la cara a los estudiantes día a día y cumplen con sus responsabilidades, ante la comunidad educativa. 

Rechazó la ADP que los docentes sean el sector mejor pagado en la administración pública, y alega que son los «profesionales más maltratados» por la administración pública. 

“Debido a la ineficiencia de las autoridades, los docentes de las escuelas públicas se ven forzados a trabajar en condiciones infraestructurales deplorables, que no cumplen con ningún estándar internacional de calidad educativa. Los docentes terminan enfermándose y gastando más que lo que ganan, en el tratamiento de enfermedades y condiciones médicas, por el incumplimiento de las autoridades con la responsabilidad de gestionar el sistema educativo eficientemente”, expresa el gremio.  

La ADP acusó al ministro Ángel Hernández de haber fracasado en la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Educación con eficiencia y eficacia, para que los niños reciban el derecho a una educación de calidad.

“El ministro le falta el respeto a los padres y madres del país, que envían a sus hijos a las escuelas públicas, por las condiciones inhumanas en que fuerzan a los niños a asistir, día a día, a centros educativos, con una pésima ventilación, ahogados del calor en aulas sobrepobladas, sin atención a la diversidad, sin libros de texto, sin agua en los baños, ni las áreas comunes, sin electricidad, sin garantía de seguridad y con una pésima alimentación escolar”, denunció.

El comunicado del sindicato afirma que, en esas condiciones, ningún profesor puede lograr muchos resultados de aprendizaje.

“El Ministro Hernández pretende echarle a la ADP, la culpa del fracaso de todas las iniciativas que intentado realizar su gestión e intenta ocultar los reclamos de la clase docente, que ya no aguanta más su impericia, sus decisiones improvisadas, sus evidentes conflictos de intereses y su desconexión total con las verdaderas necesidades de la educación pública», recalcó la ADP.