Dos de los cuatro niños heridos en el ataque con cuchillo en Annecy este 8 de junio siguen en «urgencia vital», ha declarado el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, poco antes de que el presidente Emmanuel Macron visitara el lugar de los hechos. La tragedia provocó una avalancha de reacciones en el mundo político.
«Por lo que sé, todavía hay dos niños que se consideran en urgencia absoluta y vital», dijo en FranceInfo Olivier Véran, el portavoz del Gobierno francés, añadiendo que «se han llevado a cabo operaciones quirúrgicas».
«Mostrar dignidad»
Los cuatro niños «han sido operados, están bajo vigilancia médica constante y su estado es estable», explicó por su parte la primera ministra, Elisabeth Borne, desde Salon-De-Provence, en el sur de Francia. «Estamos en un momento de emoción, estamos todavía en un momento de atención a estos pequeños niños, e invito a todos a mostrar dignidad en estas circunstancias», añadió la jefa del Gobierno, que había visitado Annecy la víspera.
El presidente Emmanuel Macron y su esposa llegaron el viernes por la mañana a Grenoble, donde se encuentran hospitalizados tres de los cuatro niños heridos la víspera, para estar «al lado de las víctimas y de sus familias, así como de todas las personas que en Annecy contribuyeron a prestarles ayuda y apoyo», indicó el Elíseo.
Los motivos del agresor, un refugiado sirio nacido en 1991, siguen sin estar claros. No había «ningún móvil terrorista aparente», según la Fiscalía.
Avalancha de reacciones
El atentado provocó una avalancha de reacciones en el mundo político, con políticos de derecha y extrema derecha destacando el origen y la condición del agresor.
En la Asamblea Nacional, apenas transcurrido el minuto de silencio solicitado tras el drama, el presidente de Los Republicanos (LR, derecha) Éric Ciotti, tomó la palabra: «Parece que el autor tiene el mismo perfil que a menudo se encuentra en estos ataques, y tendremos que sacar todas las consecuencias, sin ingenuidad, con fuerza y con lucidez», declaró.
En su punto de mira está la ley de inmigración que el Gobierno está ultimando. Un texto que la derecha y la extrema derecha ya consideraban laxo. «Va a plantear la cuestión de la voluntad de cambiar esta política migratoria desregulada, que hace que lleguen a nuestro suelo personas que no tienen nada que hacer aquí. Así que, evidentemente, hay que controlar esta política migratoria», proclamó asimismo Laure Lavalette, diputada de la ultraderechista Agrupación Nacional.
El bando presidencial ve en ello una forma de explotar la tragedia. «Tendrá que haber respuestas (…) pero no entiendo por qué, cuando estamos en un momento de emoción, cuando los niños están en el quirófano, la gente empieza a jugar a un juego poco sano de explicaciones y justificaciones. No es el momento de hacerlo», advirtió Olivier Véran. «Todos los que surfean sobre esto son indignos de su mandato», declaró a RFI Pieyre-Alexandre Anglade, diputado del partido oficialista Renacimiento.
En la izquierda, las palabras son aún más duras, con la denuncia de la ecologista Sandrine Rousseau: «No se puede basar un programa político en una tragedia de esta magnitud, es más que indecente».
UE: acuerdo entre los 27 para reformar los procedimientos de asilo
Contra todo pronóstico, los ministros europeos del Interior lograron el 8 de junio un acuerdo entre los 27 sobre la reforma de la política de asilo de la Unión Europea, tras casi tres años de debate. Para los países del sur de Europa, esta reforma permitirá sustituir el tristemente célebre Reglamento de Dublín, que impone a los países de primera entrada de inmigrantes la gestión de los procedimientos de acogida y asilo. Llevan más de 20 años pidiendo la abolición de este reglamento, y ahora deberían obtener una simplificación de los procedimientos y una reducción de los plazos de tramitación.
Sobre todo, la reforma debería introducir un mecanismo de solidaridad por el que 30,000 solicitantes de asilo que reúnan los requisitos necesarios serían reubicados cada año en un país de la UE distinto de aquel por el que entraron. Un mecanismo mixto que combine acogida obligatoria y voluntaria. Los Estados que se negarían a aceptar su cuota obligatoria de solicitantes de asilo tendrían que pagar 20,000 euros por cada persona rechazada, una suma que se ingresaría en un fondo dedicado a gestionar la migración. No se podrá obligar a los Estados miembros de la UE a acoger inmigrantes, pero a cambio tendrán que ayudar a los que lo hagan.
Para entrar en vigor, la reforma debe ser aprobada por los Estados miembros de la UE y los eurodiputados.