Hace unos días la procuradora general, Miriam Germán Brito, reveló que estaba preocupada debido a una amenaza que había recibido por WhatsApp por parte de un narcotraficante dominicano residente en España.
En ese momento, puntualizó que no podía revelar más detalles para no obstaculizar la investigación.
Hoy el Ministerio Público, con la colaboración de la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional puso en marcha la Operación Halcón IV en el Cibao central y otros puntos del país, en busca de los miembros de múltiples redes criminales que amenazan a altos funcionarios.
La información la dio a conocer el Ministerio Público, a través de una nota de prensa donde ofreció los nombres de algunos de los cabecillas de las presuntas redes y en la que figura Joel Ambioris Pimentel García (la J) como la persona que amenazó a la procuradora general de la República.
El organismo persecutor explica que “la J” fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico.
“Como dominicano viajó a Colombia y con identidad de colombiano a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de República Dominicana”, detalla el Ministerio Público.
Sobre Operación Halcón IV
En el desarrollo de la Operación Halcón IV, las fuerzas élites han penetrado a lugares considerados difíciles y han tomado el control de zonas que por años fueron consideradas territorios dominados por algunas organizaciones criminales, como El Hoyo de Bartola, centro de operación del extraditable Joel Ambioris Pimentel García (la J).
“La investigación ha encontrado evidencias de que varios miembros de las distintas organizaciones criminales se van a España luego de cometer delitos de sangre o acciones de narcotráfico en República Dominicana”, indica.
El Ministerio Público puntualiza que, en la mayoría de los casos salen del país a través de Colombia, al igual que Estados Unidos, vía México, por lo que las autoridades dominicanas han establecido una estrecha colaboración con varios países a los que se ha suministrado información sobre los miembros de las organizaciones criminales que ingresaron a sus territorios.
“Las investigaciones evidencian, además, que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales, por lo que las autoridades procederán a someterlos a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución, en los casos que lo ameriten”, informó.
Durante los allanamientos, las autoridades han ocupado armas y dinero, así como cocaína, marihuana, entre otras evidencias de delitos en una operación que sigue en proceso.