El Ministerio Público (MP) solicitó medida de coerción a los tres apresados por sus vínculos con las redes de narcotráfico y crimen organizado que se persiguen en Operación Halcón IV, a los cuales se les atribuye violar la ley de armas de fuego, mientras que dos de ellos también habrían infringido la de lavado de activos.
En el documento de solicitud de medidas de coerción al cual Diario Libre tuvo acceso, se establece que los acusados Charle Wilson Mosquea Ovalle (a) Charly, Daniel Alfredo Paulino Cáceres y Fernando Divaris Cruz Valerio, estarían ligados a las supuestas estructuras criminales lideradas por los prófugos, Joel Ambioris Pimentel García (a) la J y José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla.
En la audiencia de solicitud del MP, la cual se conocerá el próximo martes, se pide prisión preventiva por 18 meses y que sea declarado complejo el caso.
Indica el expediente depostiado a la Oficina de Atención Permanente de Santiago que Daniel Alfredo Paulino Cáceres y Fernando Divaris Cruz Valerio violaron los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 Sobre Control y Regulación de Armas, consistente en «porte Ilegal de armas de fuego y municiones», en perjuicio del Estado dominicano e infringir la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, y los artículos del Código Penal dominicano que tipifican la «complicidad, asociación de malhechores».
A Paulino Cáceres también se le señala de violar la Ley la 50-88 de drogas.
Mientras que sobre el imputado Charle Wilson Mosquea Ovalle (A) Charly pesa la acusación violar los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 Sobre Control y Regulación de Armas, consistente en «porte Ilegal de Armas de Fuego, Armas blancas y Municiones».
Joel Ambioris Pimentel «La J»
Al nombrado alias «la J», líder de una de las dos redes y quien reside en España, se le atribuye la supuesta amenaza de matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Mientras que las autoridades informaron que en la vivienda de alias «Nino Come Mezcla», en Santiago, alegado rival de Pimentel, ocuparon la cantidad de siete libras de marihuana.
Ambas redes son investigadas, además, por acciones de cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles y soborno a autoridades.