El juez José Rafael de Asís Burgos, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, dictó prisión preventiva por diferentes períodos a tres hombres, apresados durante los allanamientos de la Operación Halcón IV.
El magistrado Burgos impuso 18 meses a Daniel Alfredo Paulino Cáceres. El imputado debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.
El tribunal envió por 12 meses al CCR La Isleta de Moca, en la provincia Espaillat, a Fernando Divaris Cruz Valerio.
Mientras que Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly) irá por nueve meses a la cárcel Vista al Valle, en San Francisco de Macorís.
El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción también acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso complejo.
En la instancia de solicitud de medidas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la fiscalía de Santiago presentaron cargos contra Paulino Cáceres por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por porte ilegal de arma de fuego y municiones; así también le atribuye la violación a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; también por transgresión a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad y asociación de malhechores y por violentar las disposiciones de los artículos 4, letra D; 6, letra A; 75, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
En los allanamientos que se ejecutaron en el domicilio de Paulino Cáceres se ocupó la cantidad de 14 paquetes de cocaína con un peso de 16.1 kilos, los $994,000 pesos y $2,727 dólares en efectivo.
También los organismos de inteligencia y armados se incautaron numerosos relojes y otras prendas de marcas reconocidas como Giorgio Milano, Rolex, Versage, entre otros.
Contra Cruz Valerio pesan cargos por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el porte ilegal de armas de fuego y municiones; también se le atribuye violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y transgredir los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican la complicidad y la asociación de malhechores.
Contra Charle Wilson Mosquea Ovalle, pesan cargos por violación a los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados, por el porte ilegal de armas de fuego, armas blancas y municiones.
A los tres los vinculan a dos poderosas organizaciones criminales que operan en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal y Moca, así como en centros carcelarios del país.
Entre otros delitos, las redes son investigadas por asesinato, narcotráfico, soborno, secuestro, lavado de activos y otras actividades criminales ocurridas en varias provincias del Cibao.
Además, le sindican las amenazas de muerte realizadas a la familia de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
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