El administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar Manzur, expresó su verdad a través de un audiovisual sobre la situación de las loterías irregulares en el país y llamó al Ministerio de Hacienda a proceder en ese sentido.
“Luego de enterarme de que los propietarios de las concesionarias de loterías electrónicas elevaron un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Hacienda en contra de la reciente resolución 159-23 que busca la estandarización de los contratos suscritos por el Estado, tratando de eliminar inconsistencias y desigualdades, quiero expresar, que, a mi criterio, el Ministerio de Hacienda ha sido demasiado benevolente con respecto a la aplicación y fiscalización de los contratos con las loterías privadas”, comentó Tabar Manzur.
En ese sentido, sostuvo que, visto que el Ministerio de Hacienda, según su opinión, tiene potestad para declarar la nulidad de esos contratos, esta entidad estatal debe de inmediato recurrir a la anulación temporal o definitiva de los mismos y a la suspensión de los sorteos de las bancas irregulares.
“Con esta medida, entiendo que los propietarios de las concesionarias, tendrán que iniciar de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones o acogerse a lo que dice dicha resolución”, enfatizó el administrador de la Lotería Nacional.
Proceso de cierre definitivo
En el mes de julio de 2022 la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda comenzó el proceso de cierre definitivo de un grupo de bancas de apuestas que no estaban registradas y no se acogieron al plan de regularización de ese sector.
Con datos preliminares sobre las bancas registradas y que hicieron sus declaraciones en el plan de regularización, la Dirección de Casinos dispuso la incautación y clausura de aquellos negocios de azar que no habían entrado al proceso. En aquella ocasión pidió ayuda a los sectores involucrados para identificar las bancas ilegales.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, ha dicho que conforme a la ley 139-11, todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen la obligación del pago tributario, en vista de que en sus declaraciones juradas declaran la operatividad de sus bancas.