La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, visitó este lunes la Institución Educativa Técnica Agrícola, en la sede María Inmaculada de Suárez (Cauca, suroeste), donde estudió y que este fin de semana fue destruida por una bomba detonada controladamente por las fuerzas de seguridad, obligando a suspender las clases.
Más de 380 estudiantes se vieron obligados a suspender clases tras la explosión controlada de un cilindro con explosivos, lanzado por un grupo armado que tenía como objetivo una estación de Policía cercana. Un grupo de antiexplosivos de las fuerzas de seguridad determinó que el mejor procedimiento era detonarlo de manera controlada.
Márquez encabezó un recorrido en el centro educativo y casas aledañas de Suárez, donde nació y creció, que se vieron afectadas por la explosión.
«Es lamentable que esto esté pasando con un Gobierno que está abriendo las puertas a la Paz total y que ha puesto toda la disposición para el cambio y la transformación que necesitamos como país», escribió Márquez en su cuenta de Twitter, un día después de asegurar en esa red que «los violentos no van a silenciar al pueblo y su anhelo de cambio».
Este domingo, el gobernador del departamento del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, publicó un comunicado, después de la celebración de un consejo extraordinario de seguridad por la presencia del artefacto explosivo contenido en un cilindro de gas en el interior del centro, donde anunció que se evacuaría a la comunidad del sector para «proceder a hacer la detonación de manera controlada».
En el primer semestre de 2023, cerca de 5,600 menores y trabajadores de centros e instituciones educativas han tenido que suspender «temporal o indefinidamente las clases» por «ataques contra la educación», según las cifras del NRC.
«Cilindros bomba, combates armados, reclutamientos forzados, asesinatos y minas antipersonal son descritos por estudiantes y profesores como las principales razones para la suspensión de las clases», precisó en un comunicado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
A estas cifras se suma que «hoy, cerca de 25 de cada 100» afectados por desplazamientos masivos y confinamientos son menores de edad, lo que también los obliga a abandonar su educación.
«El Gobierno colombiano debe implementar la Declaración de Escuelas Seguras. Las autoridades educativas deben seguir escuchando lo que necesitan los estudiantes y garantizar que los niños y niñas estén seguros en la escuela», insistió el director en Colombia del NRC, Giovanni Rizzo.
Suárez y los atentados contra Márquez
El 10 de enero pasado, Márquez denunció el hallazgo de un «artefacto con más de 7 kilos de material explosivo» en la vía que conduce a su residencia familiar en el municipio de Suárez.
La ahora vicepresidenta y entonces activista tuvo que salir huyendo de Suárez en 2014 después de recibir una llamada en la que la amenazaron con que era hora de «ajustar cuentas» por su activismo y labor de denuncia, especialmente contra la minería que existe en su territorio natal.
En marzo, el fiscal general, Francisco Barbosa, denunció que la vicepresidenta no puede entrar al Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado, porque no tiene garantías de seguridad.