El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, retiró este viernes la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Alberto Romero para que enfrente un proceso penal por supuesto lavado de dinero.

La decisión se alcanzó con 78 votos de los 84 diputados que forman este órgano de Estado, por lo que Romero será procesado y queda inhabilitado en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, el patrimonio de Romero tuvo un incremento «sin justificar» en su patrimonio por más de 1.16 millones de dólares.

Este monto, según explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, cuando presentó la solicitud de desafuero ante el Congreso, se determinó al ampliar las investigaciones en su contra tras recibir una condena civil.

Una Cámara de lo Civil condenó a Romero, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), a reintegrar 445,766 dólares al Estado al no poder justificar el origen de ese dinero.

«Con ese indicio, proveniente de una resolución judicial, la Fiscalía amplió las investigaciones», dijo Delgado el 23 de agosto.

En mayo pasado, la Fiscalía salvadoreña presentó una demanda civil en contra del diputado y dos de sus familiares, por la que finalmente fue condenado.

El proceso se inició tras una investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que, de acuerdo con la FGR, «el funcionario no pudo justificar el origen de los fondos».

Las supuestas irregularidades fueron detectadas en las declaraciones patrimoniales de Romero, quien fue elegido como diputado para representar al central departamento de Cuscatlán por la opositora Arena, de entre mayo de 2009 y abril de 2015.

Entre los procesos civiles promovidos por la CSJ, tras investigaciones de la Sección de Probidad que han derivado en causas penales, se encuentran las de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014).