Julio Pacheco, el primer denunciante de torturas durante la dictadura franquista (1939-1975) que ha declarado ante un juez en España, afirmó este viernes que llegar a este punto «es empezar ya a romper el muro de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo«, y valoró que haya asistido, por primera vez, una fiscal de Memoria Democrática.
Pacheco declaró hoy ante una jueza de Madrid, junto a una testigo de los hechos que se denuncian, y que consisten en presuntas torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad en agosto de 1975.
Es la primera declaración ante un juzgado español de una víctima por este tipo de hechos, tras más de cien querellas interpuestas, y también la primera vez que asiste a un procedimiento una fiscal de Memoria Democrática, confirmaron fuentes fiscales.
El Gobierno español puso en marcha este año la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, prevista en la ley del mismo nombre de 2022, y a cuyo frente está desde junio la exministra y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.
En la puerta de los juzgados se concentraron varias decenas de personas convocadas por diversas organizaciones para mostrar su apoyo a Pacheco, con pancartas con las leyendas «Rompamos el muro de la impunidad» o «La víctimas del franquismo exigimos Justicia. Aplicación ya de los derechos humanos».
El letrado de Pacheco, Jacinto Lara, subrayó que las respuestas del querellante y de la testigo «han sido muy claras, muy contundentes y muy convincentes», con el relato de las torturas, y confió en que se impulse el proceso judicial.
El abogado consideró muy positivo que haya acudido una fiscal de Memoria Democrática, ya que «la fiscalía todavía no se ha pronunciado en esta causa», redordó.
Julio Pacheco era, en el momento de su detención, un estudiante universitario y miembro del Partido Comunista, acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.
Fue supuestamente sometido a torturas de agentes de la Brigada Político-Social (la policía secreta franquista encargada de reprimir y perseguir a opositores), durante tres días de «secuestro» para que se «autoinculpara», según refleja la querella. EFE