La guerra en Ucrania sigue agravando la situación de derechos humanos en Rusia, con más recortes de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, que son perseguidos si muestran algún tipo de opinión diferente a la del gobierno y no tienen a quién acudir para que los defienda, con la justicia y la prensa libre maniatadas.
La relatora de la ONU designada para vigilar la situación en Ucrania, Mariana Katzarova, dijo hoy que la severidad y número de sentencias por razones políticas han seguido aumentando en los últimos meses y que nadie puede osar salirse del discurso oficial, bajo riesgo de ser detenido arbitrariamente, torturado y luego castigado con varios años de prisión.
Katzarova ofreció en una presentación que hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cifras que reflejan cómo la situación empeora en Rusia, donde hasta el pasado julio 649 organizaciones e individuos han sido considerados como «agentes extranjeros» (al supuesto servicio de intereses exteriores), un aumento de 134 en el último medio año.
En casos menos publicitados que los de conocidos opositores, al menos 185 personas fueron acusadas de haber violado una nueva ley sobre la difusión de información perjudicial para las fuerzas armadas rusas, entre ellos el estudiante universitario Dimitri Ivanov por crear un canal antiguerra en la plataforma de mensajería Telegram y que por esto recibió más de ocho años de prisión.
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La relatora de la ONU también denunció que se está creando «una sociedad cada vez más homófoba, donde las personas no heterosexuales pueden ser acusadas falsamente de actividad criminal por agentes públicos.
Las estimaciones de Katzarova indican que al menos 1,000 periodistas fueron forzados al exilio solo en 2022 y que cada semana se cerraban unos 4,900 sitios web.
De acuerdo a datos que figuran en el informe que la relatora ha presentado al Consejo de Derechos Humanos, basados en un proyecto de monitoreo independiente denominado Roskomsvoboda, en los primeros seis meses de la guerra contra Ucrania se bloqueó la posibilidad de publicar información sobre el conflicto en 7,000 sitios web.
Asimismo, se removieron publicaciones de más de 190,000 páginas de internet.
«El vacío dejado por la censura y la supresión de los medios de prensa independientes ha sido reemplazado por desinformación de Estado y propaganda en favor de la guerra», denunció.
EL informe de Katzarova también aborda la situación del servicio militar, en el que se ha negado a los reservistas el derecho a la objeción de conciencia y que ha permitido que muchos hombres fueran movilizados «con engaños, el uso de la fuerza o aprovechándose de su vulnerabilidad».
A aquellos que se han negado a combatir se les ha enviado a centros de detención «para los movilizados» en áreas de Ucrania ocupadas por Rusia.
Allí han sido amenazados de ejecución y violencias si no retornaban al frente de batalla.
Sobre los mercenarios, la relatora menciona que el Grupo Wagner consiguió reclutar a unos 40,000 prisioneros.
Katzarova, a quien el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado toda colaboración en sus investigaciones, pidió a las autoridades rusas que liberen a todos los detenidos políticos, que deroguen la ley sobre agentes extranjeros, que dejen de utilizar las leyes antiterroristas contra disidentes pacíficos y que permitan que la prensa rusa independiente vuelva a trabajar en el país.