Unas 5,000 personas se manifestaron este martes en Ciudad de México para exigir justicia al cumplirse nueve años de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero (sur), un caso que conmocionó al país.

Visiblemente cansados y en silencio, padres de los jóvenes secuestrados en la ciudad de Iguala encabezaron la marcha que partió del emblemático Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, la principal plaza de la capital.

Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala, para tomar autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.

Según las versiones oficiales, el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para después desaparecer sus cuerpos.

Un grupo de investigadores, conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.

«¡El ejército no nos cuida, nos desaparece!», decía uno de los carteles que portaban manifestantes, en referencia a la presunta participación de militares en el caso.

«No es un caso aislado. Los militares son muy peligrosos tanto que aún no sabemos dónde están los 43 y seguro que ellos lo saben», comentó a la AFP Luis Rodríguez, de 25 años.

Los familiares de las víctimas acusan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO, acrónimo con el que también se le conoce) de no entregar toda la información que posee sobre el caso.

«Son nueve años de la desaparición forzada de nuestros hijos (…). Lamentamos que la respuesta de AMLO sea ponerse enfrente de esa institución (el Ejército)  y no delante de la verdad y de la justicia», dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los 43 estudiantes.

Las familias han rechazado también la investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que sostenía, entre otras cosas, que los jóvenes fueron confundidos con miembros de otro cartel. Posteriormente, López Obrador instauró una comisión de la verdad para esclarecerlo.

«Parece que los mexicanos no estamos acostumbrados a la justicia y queremos cambiar eso», dijo por su parte Sofía Suárez, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma de México.

López Obrador ha defendido la actuación de su gobierno, que concluirá en 2024, recordando que por el caso están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más.

Durante la protesta se registraron algunos actos de vandalismo y disturbios.