Más de 500 funcionarios han sido condenados en Venezuela desde 2017 por violaciones de derechos humanos, dijo este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, en respuesta a cuestionamientos contra el sistema de justicia de este país caribeño.

Saab informó que «509 funcionarios y particulares que se han asociado a ellos para violar derechos humanos» han sido condenados.

«Hemos logrado imputar a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos, hemos logrado la acusación de 2.304 involucrados y al mismo tiempo privado de libertad a 955», aseguró el fiscal en una declaración a la prensa. «Es una cifra importante».

El lunes pasado, una misión internacional alertó en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro ha intensificado «ataques selectivos» para «silenciar» a la oposición, con mecanismos que incluyen tortura.

Caracas, en un comunicado, calificó ese mismo día de «panfletario» el informe presentado ante ese foro por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, a cuyos miembros calificó de «mercenarios».

El gobierno venezolano sostiene que el informe busca «legitimar» las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos contra el país.

Posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela son investigados por la Corte Penal Internacional (CPI), que en junio autorizó a la oficina de su fiscal en jefe, Karim Khan, a continuar sus pesquisas, considerando insuficientes los procesos judiciales internos.

Saab, rechazando ese proceso, ha defendido que la justicia local actúa.

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que investiga acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó que tiene «motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias» en ese periodo.

Los expertos registraron además 28 casos de tortura y otros tratos crueles contra detenidos, incluyendo 19 casos de violencia sexual.

La misión considera esta situación «especialmente alarmante» cuando Venezuela se alista para elecciones presidenciales en 2024, para las que están inhabilitados dirigentes opositores como María Corina Machado o Henrique Capriles.