El reciente asesinato del octogenario A.L.B., el canónigo emérito de la Catedral de Valencia, ha revelado que podría haber mantenido una vida oculta alejada de la espiritualidad y ejemplaridad que se le presuponía como religioso, y cuyas consecuencias podrían estar estrechamente relacionadas con su muerte.

El cadáver del sacerdote, que residía en una céntrica vivienda a escasos metros de la seo y del Palacio Arzobispal, fue hallado en su cama el martes de la semana pasada con signos de violencia, posiblemente un asfixia provocada o un estrangulamiento, y un día después fue detenido el sospechoso del asesinato.

Se trata de un joven de 34 años, al parecer extranjero y en situación de marginalidad o de exclusión social, que según varias informaciones habría conocido al clérigo en la estación de autobuses de València y habría sido invitado por este a pasar unos días en su vivienda.

Contactos sexuales y una posible extorsión

Las averiguaciones policiales y el relato de vecinos del fallecido parecen indicar que esta clase de contactos eran habituales en el canónigo, que al parecer solía mantener relaciones sexuales con varones a cambio de dinero y que podría haber sido víctima de una extorsión, o al menos un intento, con anterioridad.

Fuentes policiales han confirmado que no es la primera vez que un canónigo de la Catedral de València aparece vinculado a una de estas tramas sexuales.

Hace unos meses otro compañero del fallecido fue extorsionado por una mujer, que al parecer ejercía la prostitución y tras mantener relaciones con un clérigo le pidió dinero asegurando estar embarazada. La víctima, sin embargo, no presentó denuncia y el asunto no trascendió, han señalado las mismas fuentes.

En esta ocasión, según han publicado varios medios de comunicación, el detenido pudo ser arrestado rápidamente porque se llevó consigo la tarjeta de crédito del difunto y su teléfono, y utilizó ambas cosas en las horas posteriores al crimen.

Homicidio y estafa

Este joven ingresó en prisión el pasado fin de semana, acusado en el marco de una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio y otro de estafa.

Tanto el Ministerio Fiscal como el Arzobispado de Valencia -personado inicialmente como acusación pero ya retirado- pidieron al juez que enviase a prisión al detenido «por la gravedad de los hechos, las pruebas que obran en las actuaciones y el riesgo de fuga, dada la situación irregular del detenido«.

El Arzobispado optó finalmente por retirarse del proceso por considerar que la víctima ya «está bien representado por el Ministerio Fiscal» y porque es algo que «corresponde a la familia».

Posteriormente, ha emitido un comunicado en el que informa de que «jamás tuvo conocimiento de estos presuntos hechos» y añade que «hace dos años ya se apercibió directamente al sacerdote cuando los vecinos del mismo inmueble del domicilio en el que residía, propiedad del Arzobispado, presentaron quejas verbales» acerca de las personas que acudían al mismo, aunque en ningún caso aludieron a hechos de naturaleza sexual. «Desde entonces, transcurridos dos años, jamás se volvió a recibir ningún tipo de queja», asegura.

Comportamiento poco ejemplar

Expresa asimismo el Arzobispado su «profundo dolor» por unos hechos «manifiestamente contrarios a los compromisos de vida sacerdotal, asumidos libremente en el momento de la ordenación».

Del mismo modo, manifiestan su «pesar por el escándalo, el desconcierto y el dolor que causan a todos, muy directamente a los fieles, y especialmente a los miembros del presbiterio».

Este suceso ha suscitado también debate en el ámbito político y este viernes, desde el PSPV-PSOE se ha pedido al Gobierno valenciano que dé cobertura legal a las víctimas de los abusos sexuales que se hayan podido cometer en el seno de la Iglesia en la Comunitat Valenciana.

La portavoz de Memoria Histórica del PSPV-PSOE en Les Corts, Mercedes Caballero, ha lamentado que «lo ocurrido en los últimos días demuestra que esto no son cuestiones del pasado».