Aunque las intenciones para reducir los múltiples privilegios de los legisladores no han prosperado en el Congreso Nacional, un nuevo proyecto de ley, depositado en la Cámara Baja, busca limitar las exoneraciones de vehículos otorgadas a los diputados y senadores.
La propuesta la depositó el diputado José Benedicto Hernández, del partido Justicia Social y, en esencia, sugiere que cada legislador solo pueda importar un vehículo lujoso durante su labor congresual, por lo que se eliminaría la ley actual que permite a los congresistas la importación de dos automóviles, uno cada dos años.
El proyecto de ley también pone límites a los millonarios costos de los vehículos y establece que el auto que importen los legisladores no podrá exceder los 150,000 dólares por concepto de precio de fábrica.
«El excedente, a partir de este monto, deberá ser pagado con todas las cargas impositivas vigentes», dispone la propuesta que podría perimir el 26 de julio, cuando finaliza la próxima legislatura, si no es aprobada por los diputados.
Otra limitación formulada en el proyecto de ley es la prohibición para que el automóvil que importe el congresista no pueda ser transferido hasta que transcurran dos años de su compra. Esto significa que los legisladores no podrán vender ni regalar los vehículos lujosos que adquieran hasta cumplido ese tiempo.
El párrafo dos del artículo cuatro, contenido en la pieza legislativa, ordena al Ministerio de Hacienda hacer una indexación cada cinco años para variar el tope del costo de los vehículos que se importen, de acuerdo a los precios impuestos por los países fabricantes de los autos.
Entre los argumentos del proyecto, el diputado Hernández alega que la posibilidad de que los legisladores importen un vehículo cada dos años, representa «una enorme carga fiscal» para el Estado que, a su parecer, deja de percibir millones de pesos por el beneficio otorgado a los congresistas.
Explica que la actual Ley 57-96, promulgada en el año 1996, permite que los legisladores importen un vehículo sin importar su costo, marca, modelo, año o cilindraje y no establece un tope sobre el precio de fabricación, a diferencia de lo propuesto en su proyecto de ley.
De acuerdo a los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Estado ha dejado de percibir más de RD$2,649 millones de pesos en impuestos desde el 2010 al 2021 por los privilegios de los legisladores.