La comisión permanente de Junta Central Electoral (JCE) de la Cámara de Diputados aprobó un informe favorable y recomendó la aprobación de un proyecto de ley que obligaría a todos los candidatos a cargos electivos de partidos políticos a participar en por lo menos dos debates electorales organizados por el órgano comicial.

El informe fue aprobado y firmado justo en el cierre de la legislatura, el pasado 12 de enero y dispone que los candidatos que no asistan a los debates serán sancionados con la restricción total de los espacios destinados para la promoción de sus aspiraciones.

«Se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la JCE», dispone el informe que aprobaron los diputados y que proviene de dos proyectos de ley propuestos por los legisladores José Horacio Rodríguez, Mélido Mercedes, Pedro Martínez, Aida López y Mateo Espaillat.

Antes de los debates, el informe que redactaron los diputados establece que los temas para los debates electorales deben ser previamente consensuados con todas las agrupaciones políticas de los candidatos, así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil.

Además, el proyecto refundido ordena que los debates sean transmitidos por los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. El careo quedará grabado en los portales digitales de la JCE de manera que la ciudadanía pueda acceder a ellos después de su realización.

Fondos y formato para el debate

Para la ejecución del debate, la JCE retendrá una proporción del dinero asignado a los partidos políticos para sustentar de forma financiera el debate. La propuesta legislativa enfatiza que la participación en los debates será gratuita y no podrá implicar ningún gasto para los aspirantes.

El capítulo cinco del informe legislativo que preparó una comisión de diputados organiza el período, formato, duración y temática de los debates y sostiene que las entrevistas se realizarán el último lunes de los meses de noviembre, enero y marzo, previo a la contienda electoral. El debate se hará dentro de los límites temporales de la campaña electoral establecidos por la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.

Asimismo, el documento legislativo afirma, en su artículo 18, que cada debate abordará temáticas distintas relevantes para el interés nacional, de manera que los candidatos puedan profundizar sobre cada una en sus intervenciones.

¿Por qué hacer debates obligatorios?

Los cinco diputados proponentes de los proyectos argumentan que la propia Ley 20-23 atribuye a la JCE la responsabilidad de promover la realización de debates sobre los programas que presenten los partidos. Sin embargo, los congresistas aducen que ninguna normativa obliga a los candidatos a debatir sus ideas públicamente.

«Los debates electorales fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de los candidatos que compiten por cargos de elección popular, por tanto, se ponen a prueba la calidad de sus propuestas electorales, evento que permite a los votantes conocer a los candidatos y sus propuestas», exponen los diputados en los argumentos de la iniciativa.

De igual forma, los congresistas alegan que la falta de obligatoriedad provoca que los debates se realicen de forma intermitente o irregular, lo que afecta la promoción del voto en el país.

Informe

El informe que redactó la comisión, que preside el diputado Elías Wessin, sería expuesto en la próxima legislatura de la Cámara Baja, prevista para iniciar el 27 de febrero.