La justicia peruana confirmó el jueves un impedimento de ingreso a Perú contra el expresidente boliviano Evo Morales, ordenado a inicios de 2023 por la agencia migratoria, pero que había sido anulado por un recurso judicial de habeas corpus en favor del exmandatario boliviano.
En una sentencia conocida el jueves, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el habeas corpus y afirma que Morales es “una persona peligrosa para la seguridad del Estado y ese es el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio”.
La resolución, no obstante, indica que Morales radica en Bolivia y que “no ha mostrado siquiera algún indicio o intento de querer ingresar al Perú, lo que implica que en este momento no existe ninguna amenaza o posibilidad de afectación”.
Morales es crítico de la mandataria peruana, Dina Boluarte, a quien calificó de usurpadora del puesto presidencial en Perú, además de responsable de «las graves violaciones de derechos humanos» ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en las manifestaciones que sucedieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, tras intentar disolver el Parlamento peruano para evitar una votación en su contra.
Durante semanas, se dieron convocatorias de protesta y bloqueos de carretera en los Andes, que exigían la renuncia de la entonces nueva presidenta y que se saldaron con 49 civiles muertos en choques contra policías y soldados. Al menos 30 de ellos, por arma de fuego según revelaron las autopsias.
El expresidente boliviano era cercano a Castillo (2021-2022), quien fue enviado a prisión preventiva con cargos por rebelión tras su intento de disolver el Legislativo el 7 de diciembre de 2022 y gobernar por “decreto”. Boluarte, entonces vicepresidenta de Castillo, lo reemplazó.