El exembajador estadounidense, Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba durante más de 40 años, transfirió a principios de este mes cuatro propiedades de lujo a su esposa, la dominicana Karla Wittkop Rocha, según informaron medios locales de Miami, Florida.
La transferencia por un valor superior a los 4 millones de dólares ocurrió el pasado 8 de febrero, mientras el exdiplomático espera en una prisión federal del condado de Miami-Dade el inicio de su juicio, el próximo 25 de marzo.
Rocha, de 73 años, fue detenido el 1 de diciembre de 2023 bajo los cargos de actuar como agente secreto de los servicios de inteligencia cubanos a lo largo de su extensa carrera como diplomático en Las Américas, la cual terminó en 2002.
El Diario de Miami indicó que los apartamentos transferidos a nombre de la esposa de Rocha están ubicados en el Brickell City Centre, en el centro de Miami.
Al consultar con algunos abogados de si estas transacciones eliminan la posibilidad de confiscación por parte del gobierno federal de Rocha ser hallado culpable, algunos explicaron que al ser transferidos a su esposa, esto no impediría que el gobierno procediera contra el interés equitativo que el acusado aún tiene en esos apartamentos.
Otros abogados rechazaron que las transacciones sean consideradas un delito, aunque señalaron la necesidad de observar las consecuencias derivadas del proceso judicial.
La abogada Jacqueline Arango de la oficina legal Ackerman, quien forma parte del equipo legal que defiende a Rocha, aparece como testigo de las transacciones, según los documentos a los que obtuvo acceso América TeVé.
La semana pasado Rocha, un ciudadano colombiano que adquirió en 1978 la nacionalidad estadounidense, se declaró no culpable desde la prisión de los cargos que le imputa el gobierno federal de los EE.UU.
El viernes se le presentaron formalmente todos los cargos a Rocha, audiencia a la que el exdiplomático solicitó no asistir.
Víctor Manuel Rocha afronta un total de quince cargos por seis delitos, que en conjunto le acarrearían una pena máxima de cárcel de 60 años si es declarado culpable.
Entre los cargos hay uno por «actuar como agente ilegal de un Gobierno extranjero (Cuba)» y otro por conspiración de ese mismo crimen y «defraudar a Estados Unidos».
También tiene cinco cargos por fraude electrónico, tres por «hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte», cuatro por «uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa» y uno por «declaraciones y representaciones falsas», según el documento de la acusación.
Entre 1981 y 2002, Rocha fue empleado del Departamento de Estado de EE.UU. y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México, Argentina y Bolivia.