La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desalojó a 762 ciudadanos de la mina ilegal ‘Bulla Loca’, ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), que colapsó la semana pasada, dejando un saldo de 16 fallecidos y 36 heridos, informó este martes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.
De acuerdo con la cifra publicada por el militar en su cuenta en X, son 378 personas más evacuadas de la zona que se suman a las 384 contabilizadas hasta el pasado viernes, en un balance anterior.
Un familiar de uno de los fallecidos asegura que indígenas son responsables del derrumbe en la mina ilegal causaron (EFE)
«Para la fecha, de acuerdo al control del Sistema Defensivo Territorial, se han evacuado de la Reserva Forestal La Paragua 762 ciudadanos, quienes hacían vida y permanencia ilegal, ejerciendo actividades de minería y soporte logístico en zona de seguridad de preservación ambiental, afectando las cabeceras de las cuencas hidrográficas de la región», aseveró.
El funcionario aseguró que la «operación de desalojo continuará hasta la evacuación del último ciudadano ilegal«, refiriéndose así a las personas que vivían en el lugar.
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Este lunes, el presidente Nicolás Maduro informó de la activación de un plan de recuperación de una zona afectada por la minería ilegal en el estado Bolívar y ordenó a Hernández Lárez llevar a cabo un plan de recuperación y reforestación del sitio donde se registró el colapso de la mina, ubicada dentro de un parque natural.
Fotografia cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente venezolano Nicolás Maduro durante su programa de televisión ‘Con Maduro +’ este lunes, en Caracas (Venezuela)
Maduro denunció que en la zona de La Paragua -cercana a la mina colapsada- hay un «conjunto de irregularidades graves«, entre ellas «actuaciones corruptas de algunos funcionarios«, que se están investigando en un proceso que dirige «personalmente», del que ofrecerá mayores detalles cuando tenga el informe, «en las próximas horas».
En 2023, el Ejecutivo aplicó un plan de desalojo en la Amazonía venezolana que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, que no dan detalles sobre el destino de estas personas o si enfrentaron algún procedimiento legal tras la evacuación.
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