El cuarto ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en el Estado Mayor Central (EMC), arrancó el domingo en una zona del sureste del país en donde se registra un alto índice de violencia.
La mesa sesionará del 3 al 9 de marzo en la capital del departamento del Guaviare y los diálogos se centrarán en el debate y aprobación de acuerdos y transformaciones territoriales.
“Es fundamental que el diálogo, aunque sea a mediano y largo plazo, debe ir generando beneficio y resultados concretos”, afirmó el representante de las Naciones Unidas para Colombia, Raúl Rosende. Recalcó la importancia de que las partes “asuman la responsabilidad” de continuar con los diálogos.
Los diálogos son parte de la política de “paz total” del gobierno de Petro, el primero de izquierda en el país andino, en busca entablar conversaciones con todos los grupos armados que persisten en Colombia.
“Llevo en mi pecho el nombre de la reconciliación”, dijo William Aljure, representante a la cámara de víctimas del Guaviare. “No me honra tener la credencial en el proceso (…) una credencial de las víctimas, yo quisiera tener a mi padre, a mi madre, a mis abuelos vivos y no tener esta credencial”.
Para Andrey Abendaño, delegado por el EMC, “sin el concurso de las mayorías, esta paz social será una simple quimera”. Condicionó el éxito del proceso a que se tomen en cuenta las experiencias y liderazgos sociales y políticos “en las expresiones de lucha existentes”.
En tanto, el gobernador del Guaviare Yeison Rojas, resaltó la importancia de ejecutar los diálogos en esa zona a fin de que se “permita entender las realidades territoriales”. Según la cámara de víctimas, el conflicto armado ha provocado una serie de violaciones a los derechos humanos en ese departamento.
Entre inicios y mediados de enero se desarrolló el tercer ciclo de los diálogos, los cuales establecieron una prórroga por seis meses del cese del fuego bilateral, que se prolongará hasta el 15 de julio de 2024.
Las conversaciones estuvieron en riesgo en noviembre pasado, cuando las disidencias del Estado Mayor Central dejaron unilateralmente la mesa de diálogo por supuestos incumplimientos por parte del gobierno. Las negociaciones se retomaron luego de 10 días.
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Este es el primer intento por negociar con quienes no firmaron el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y las extintas FARC, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.