La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) continuó hoy su proceso de fiscalización a negocios de capital chino, luego de cerrar ayer cinco comercios de estos asiáticos que han incurrido en evasión de impuestos por valores millonarios. Hoy clausuraron, al menos, dos más en la populosa zona comercial de la avenida Duarte.
De acuerdo con los buhoneros y transeúntes de la zona, las autoridades de Impuestos Internos se presentaron a tempranas horas con unos documentos que pasaron a explicar a los encargados del restaurante Dragón Oro, en el Barrio Chino, y la tienda Akoyo Accesorios, en la avenida Duarte esquina calle París.
La comunicación de la entidad recaudadora precisa que ambos negocios violaron los artículos 50, 253 y 254 de la Ley 11-92, que insta a los empresarios a inscribirse como contribuyentes en la DGII y cumplir con las normativas de registro y pago de los impuestos correspondientes.
Según los comerciantes que se ubican en las aceras de la zona, ambos negocios tienen «mucho tiempo instalados«, con una plantilla de empleados compuesta por dominicanos y, la mayor parte, por haitianos.
Diario Libre realizó un recorrido por la zona comercial, donde se pudo observar la proliferación de negocios chinos, cuyos propietarios prefirieron no conversar con la prensa sobre el tema de fiscalización.
Las autoridades explicaron ayer que varios comercios de propietarios chinos en el Distrito Nacional realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4,000 millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos de sus negocios en desmedro del Estado dominicano.
Análisis de inteligencia
La Dirección General de Aduanas (DGA) y la DGII explicaron que el cierre de ayer de los cinco negocios se produjo luego de un análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera, citando que las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley como:
La no emisión de facturas con comprobante fiscal. La no existencia de soluciones fiscales. El ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
La comunicación, enviada a los medios, especifica que son sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación.