Familiares de individuos que han perdido la vida en enfrentamientos armados con miembros de la Policía Nacional expresan su indignación ante lo que consideran falta de acción por parte de las autoridades. Aseguran que estos incidentes, lejos de ser simples intercambios de disparos, son en realidad ejecuciones extrajudiciales.
Diario Libre conversó con algunas madres de estos hombres y aunque reconocen que sus hijos estaban involucrados en actividades delictivas, sostienen que no era la manera adecuada de enfrentar la situación, ya que existen centros de reclusión destinados para tales hechos.
En otros casos, parientes afirman que sus allegados no tenían vínculos delictivos y que fueron ultimados en medio de una «confusión».
En el transcurso del primer trimestre de 2024 (enero-marzo), se reportaron al menos 21 fallecimientos como resultado de disparos ejecutados por miembros de la Policía Nacional. En abril, se han sumado cuatro muertes de presuntos delincuentes.
Pese a la amplia investigación que se lleva a cabo en casos de este tipo, con el fin de verificar que la versión de los agentes coincide con lo encontrado en la escena del crimen, la institución del orden solo se limita a informar sobre el hecho y no sobre el proceso que se lleva a cabo para determinar si hubo o no uso indebido de la fuerza.
Hasta el momento, no han ofrecido información sobre agentes sometidos o no por los supuestos enfrentamientos.
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Sobre estos casos, el procurador fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez sostuvo que, además de revisar si las evidencias materiales coinciden con la versión dada por los agentes actuantes, se lleva a cabo un levantamiento en la zona, utilizando cámaras y entrevistando posibles testigos que pudieron presenciar la acción.
Como ejemplo, sostuvo que pueden darse casos en los cuales encuentran en la escena del crimen diez casquillos, la mayoría de los cuales pertenecen a un solo agente. Esta evidencia sugiere que las «matemáticas son desproporcionadas» y, por lo tanto, debe investigarse a fondo ya que no coinciden.
Si se descubre que los agentes emplearon fuerza, el fiscal Santos Ramírez señaló que deben enfrentar la justicia y ser acusados con la tipificación correspondiente, el cual, en muchos casos, es por homicidio. Sin embargo, añadió que si la investigación revela que el policía actuó sin motivo aparente, se complica, ya que podría ser catalogado como un asesinato.
«La ley no establece distinción, ya sea que actúe una autoridad o un civil, no hay diferencia más grave para el civil, es igual, porque la ley no hace distinción en este sentido. Entonces, la consecuencia de una acción injustificada es el sometimiento a la justicia y, según la gravedad del hecho cometido, será la pena solicitada», agregó.
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Madre niega intercambio de disparos en muerte de su hijo
«No lo mates, está desarmado», dijo indignada la señora Reyita Alcántara, al expresar que estas fueron las palabras de un vecino que fue testigo de la muerte de su hijo, a quien asegura lo mataron a quemarropa.
Emmanuel Mesa Vásquez, alias «La Pempa», de 25 años, murió baleado en un supuesto intercambio de disparos a manos de un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), por órdenes de un policía, con el cual, según su madre, habían tenido problemas pasionales. El hecho ocurrió en el sector La Chinola, Los Guaricanos, en el municipio Santo Domingo Norte.
Reyita manifestó que 15 días antes de la muerte de su hijo, este le había comentado que quería retirarse de la calle, refiriéndose a las acciones delictivas que realizaba.
«Yo lloro a mi hijo noche y día. Lo que quisiera es que a ese muchacho, sea él o no, lo sometan», expresó al indicar que las autoridades no han investigado el caso ni han sometido a los policías involucrados en el supuesto enfrentamiento.
Mesa Vásquez dejó dos niños en la orfandad, uno de nueve meses y otro de seis años.
La madre de este joven indicó que ha acudido en reiteradas ocasiones a la Dirección de Asuntos Internos de la uniformada para que realicen una investigación sobre el caso, sin embargo, no han hecho nada al respecto.
Reyita Alcántara, madre de Emmanuel. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)
Testigo del hecho fue su hermano
La madre de Fernando Josel Valdez, conocido como Papacito, de 24 años, reveló que, avergonzada por las acciones delictivas de su hijo, no ha buscado ayuda de las autoridades policiales, a pesar de sus consejos para que abandonara esa vida.
No obstante, exige que los agentes involucrados en la operación que resultó en la muerte de su hijo sean responsabilizados, ya que asegura que no fue abatido en un intercambio de disparos, como afirmó la Policía Nacional en su informe.
María Teresa afirmó que Papacito fue asesinado frente a su hermano, quien aseguró que no había armas de fuego en la casa. Explicó que su hijo se involucró en la delincuencia con la intención de conseguir dinero para comprarle una casa, a pesar de sus constantes advertencias y súplicas para que abandonara ese camino.
De sus diez hijos, María afirmó que Fernando fue el único que tomó un rumbo equivocado.
«Yo le decía: ¿Quieres perder tu vida temprano? Y él me respondió: ‘Algún día todos tenemos que morir'», recordó María.
Denunció que su hijo fue «vendido» por uno de sus enemigos, quien supuestamente pagó 150,000 pesos a un agente del Dicrim para que lo matara. Concluyó diciendo que dejó el destino de su hijo en manos de Dios, ya que solo él puede juzgar.
María Teresa (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)
Acción no ayuda a mejorar seguridad ciudadana
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, reiteró su rechazo a estas acciones y, al igual que los familiares de los fallecidos, considera que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de intercambios de disparos.
Manifestó que durante la pasada gestión del mayor general Alberto Then como director de la Policía Nacional, ocurrieron muchas muertes de este tipo; sin embargo, el actual titular ha continuado con estas prácticas.
«Nosotros aspiramos a que esa práctica sea eliminada y que esa cultura de matar para justificar ejecuciones extrajudiciales como una forma de creer que con ese mecanismo y con esa metodología se van a eliminar los problemas de carácter social que genera la delincuencia y que lleva a estos jóvenes a delinquir», sostuvo.
Afirmó que estas acciones buscan vender la idea de una efectiva seguridad ciudadana, la cual al final, no resuelve nada.
A pesar de que la policía reporta 21 fallecidos abatidos durante enfrentamientos en el primer trimestre del año en sus plataformas digitales, Mercedes asegura que son más de 30.
Instó al Gobierno a seguir esforzándose por la reforma policial para esclarecer criterios y mecanismos que pudieran eliminar los intercambios de disparos, los cuales se han convertido, según su opinión, en un dolor de cabeza para el país.
Agregó: «Hay que romper con ese criterio de que a través de las ejecuciones extrajudiciales se va a resolver un problemas de inseguridad ciudadana en el país».
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«Ejecuciones camuflajeadas de legalidad»
Leidy Blanco García, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, entiende que los supuestos intercambios de disparos, en muchas ocasiones, son «ejecuciones camuflajeadas de legalidad», las cuales generan en gran parte un alivio para la sociedad, por lo común de escuchar «mataron a un delincuente».
Expresó que el Estado encuentra a través de las «ejecuciones» una forma de legitimar su deficiencia en política públicas de seguridad ciudadana y prevención de la criminalidad.
Enfatizó que la seguridad ciudadana en República Dominicana es uno de los grandes desafíos y una de las grandes preocupaciones para la sociedad.
«La reforma policial ha avanzado aspectos importantes de cara a fortalecer y dignificar a la Policía Nacional, esto se expresa en la mejora salarial, las condiciones de trabajo y los esfuerzos que se llevan a cabo en términos de formación educativa. Sin embargo, ese cambio no se visualiza de la noche a la mañana, seguimos percibiendo la inseguridad ciudadana, la criminalidad y violencia que enluta a las familias dominicanas», precisó.
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