Tres civiles, dos de ellos fiscales, y un soldado que estaban secuestrados por una disidencia de las antiguas FARC en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, fueron dejados en libertad, confirmó este domingo el presidente Gustavo Petro.
«Han sido dejados en libertad los miembros de la fiscalía y un soldado secuestrados por el EMC (Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC) en el Cauca», escribió Petro en la red social X, en la que publicó una foto de estas personas con miembros del frente Dagoberto Ramos.
Los civiles habían sido secuestrados el mes pasado en una carretera rural del Cauca y desde entonces sus familiares habían pedido a las autoridades suspender las operaciones militares para no comprometer la seguridad de estas personas, dos de las cuales son investigadoras del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
El EMC, que actualmente está dividido en un grupo que negocia la paz con el Gobierno y otro, del que hace parte el frente Dagoberto Ramos, señaló en un comunicado que los fiscales Betty Amanda Magé y Gerzon René Rivera; la ciudadana María Yeni Ruiz y el soldado Yiner Kevin Noscué fueron entregado entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Esto después de transitar «una camino de interlocución con instituciones y con canales con el Estado colombiano para generar las mínimas condiciones para su liberación«.
«Agradecemos a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a la Defensoría del Pueblo por facilitar los canales de diálogo con el Gobierno Nacional, por trabajar para que se rompieran las barreras que pretendían imponer una acción militar de rescate por encima de una misión humanitaria», agregó el EMC.
El Ejército ha intensificado sus operaciones ofensivas en los últimos meses en el departamento del Cauca, en especial en el cañón del Micay, que se ha convertido en uno de los escollos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el EMC.
El diálogo está empantanado desde que el EMC se dividió en dos y el Gobierno dejó fuera de la mesa de negociación a los disidentes del suroeste del país, que son los grupos más violentos y, precisamente, tenían secuestradas a estas personas.
Al respecto, el grupo señaló en el comunicado que el Gobierno está intentando sostener «una mesa de diálogo con una minoría que no hace parte» del EMC y «no representa ni el 5 %» de la disidencia.