El Ministerio Público de Honduras anunció este lunes que abrió una investigación por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad en la compra por más de 14 millones de dólares del avión presidencial durante el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en EE.UU. por narcotráfico.
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizan «una inspección, decomiso y solicitud de información» en la Fuerza Aérea de Honduras con relación a la compra del avión presidencial, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Los fiscales e investigadores recopilan «documentos soportes» del proceso de compra del avión, por más de 14 millones de dólares, con recursos del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, tras ser aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en 2014, que lideraba el expresidente Hernández, señaló.
Hernández, de 55 años, está detenido en una cárcel federal en el condado de Brooklyn desde que fue extraditado a EE.UU. el 21 de abril del 2022, por los delitos de conspirar para importar cocaína, usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos, y conspirar para usar y portar ametralladoras.
Los exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa presuntamente incurrieron en delitos de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, entre otros, precisó el organismo hondureño.
La Uferco investiga el contrato de compra del avión «Embraer 500 Legacy», por el que el Gobierno erogó más de 14 millones de dólares, y la construcción del hangar presidencial, así como el mantenimiento de la aeronave.
Las investigaciones van dirigidas a «conocer los procesos de compra que se llevaron a cabo para cerrar el trato de la aeronave mediante la sociedad mercantil ECC Leasing Company Limited», enfatizó el Ministerio Público.
Toda la información recolectada será analizada por equipos de investigación para «esclarecer estos hechos», pues anteriormente se mencionó que el avión había sido adquirido vía donación del gobierno de Taiwán.
El Ministerio Público de Honduras reiteró su compromiso de investigar todos los actos irregulares cometidos en contra del Estado y en perjuicio del pueblo hondureño por «la erogación de fondos públicos que han sido dilapidados».