El dos de agosto de 2023 el Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la acusación contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López, en la que afirmaba que había lavado más de RD$4,000 millones procedentes de actividades ilícitas del narcotráfico.
Y este martes, 28 de octubre de 2024, la Segunda Sala de la Alta Corte halló culpable a la legisladora de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno de la acusación y le dictó cinco años de prisión, así como el decomiso de bienes a favor del Estado dominicano. También la condenó al pago de 200 salarios mínimos del sector público y de las costas judiciales.
Para emitir la sentencia, el tribunal se basó en varios puntos que lo llevaron a determinar que efectivamente, tal como afirmaba la Procuraduría General de la República, la congresista se dedicó al lavado de activos, lo cual ella negó durante las audiencias.
“A partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios”, dice una parte de la sentencia que envió a prisión a Pilarte López.
Dentro de “estos indicios”, el tribunal cita que no se limita a la “disparidad” entre los ingresos de la acusada y los montos movilizados por ella.
Dijo que “extrajo pruebas de que el comportamiento financiero de Rosa Amalia Pilarte López -y sus relacionados- coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de infracciones”.
Otro punto -que dijo- mostró que la legisladora lavó dinero procedente del narcotráfico fue el hecho de “la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo”.
Otro modo que utilizó Pilarte para movilizar el dinero –de acuerdo a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia- fue la adquisición y venta de inmuebles en un intento de “diversificar e integrar los valores producto de actividades ilícitas”, tal “como sostiene el órgano de persecución”, el Ministerio Público.
«Como esta Sala Penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da la postura de la autonomía material relativa, donde se requiere que los activos materia de lavado se vinculen a una actividad previa a través de indicios razonables que persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos», dijo el tribunal.
Sostuvo que «eso ha ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado; es decir, que el origen o conexión de los activos materia de lavado se ha vinculado con actividades criminales previas que integran la tipicidad la infracción».
En la audiencia donde fue sentenciada la diputada estuvo acompañada por su esposo Miguel Arturo -Micky- López y algunos de sus hijos.
La familia de la legisladora tiene un proceso abierto desde el año 2020 también por narcotráfico y lavado de activos.
López y dos de los hijos de ambos, José Miguel López Pilarte, exregidor, y Miguel Arturo López Pilarte también son acusados. Igualmente la hermana de la legisladora, Ada María Pilarte, y la pareja de ésta, Manuel Antonio Ynoa Valdez.