La fiscalía venezolana imputó por «incitación al odio» a cuatro colaboradores del principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, quien denunció además el miércoles la inhabilitación política de 10 alcaldes que manifestaron apoyo a su candidatura.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó en la red social X que Luis López, Juan Iriarte, Jean Carlos Rivas e Ismael González fueron «imputados y privados de libertad (…) por los delitos de incitación al odio y asociación».
Otras dos personas, también miembros del comando de campaña, fueron solicitadas por la justicia por los mismos delitos.
Según Saab, durante un acto de campaña en La Guaira (centro-norte) a inicios de junio, los acusados «se dirigieron agresivamente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (…) donde intentaron ingresar mediante el uso de la fuerza con la intención de crear lesiones a los efectivos».
La oposición denunció que las autoridades no informaron del lugar de reclusión de estos militantes y que los presentaron en tribunales sin la presencia de sus abogados de confianza.
González Urrutia señaló poco después que 10 alcaldes -ocho en el estado andino de Trujillo (oeste) y otros dos en la insular Nueva Esparta (este)- fueron «injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura».
«La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente», escribió en X este embajador, desconocido hasta que fue nominado con el apoyo de la líder María Corina Machado.
La inhabilitación es una vieja arma del chavismo gobernante para sacar del camino a rivales. Machado, favorita en las encuestas, no pudo ser candidata en las elecciones por una prohibición a ejercer cargos públicos por 15 años.
La líder opositora sostiene que al menos 37 dirigentes y líderes políticos cercanos a la campaña fueron detenidos en lo que va de año. Denuncia «persecución» y criminalización de la actividad electoral, mientras el gobierno acusa a la oposición de conspirar para derrocarlo.
A la fecha hay 278 «presos políticos» en Venezuela, según el conteo de la ONG Foro Penal.